La plataforma Lleida contra la MAT denuncia las problemáticas que genera el actual modelo de renovables

Ayer, 27 de noviembre, un grupo de nueve representantes de la Red Catalana por una Transición Energética Justa se reunió con el Secretario de Transición Ecológica, el Sr. Jordi Sargatal. La Red integra más de un centenar de plataformas y entidades de toda Cataluña y ha mantenido constantemente una actitud de diálogo con la administración con el objetivo de impulsar que la implantación de las renovables se haga de forma correcta en nuestra casa, de acuerdo con los principios enunciados en la Ley 16/2017 de Cambio Climático aprobada por el Parlamento, donde se ponen de relieve que el despliegue de las energías renovables debe hacerse atendiendo a principios de proximidad a los centros de consumo, distribuidas, participativas y, de acuerdo con el artículo 19 b) (…) que deben desarrollarse, siempre que sea posible, aprovechando espacios ya alterados por la actividad humana con el fin de minimizar la ocupación innecesaria del territorio y priorizar la ocupación de las cubiertas de las edificaciones (…) y la ocupación del suelo distinto del no urbanizable, y, dentro del suelo no urbanizable, los espacios agrarios en desuso.

Después de quince años con parques eólicos, las comarcas centrales y Les Terres de l’Ebre no han experimentado los beneficios económicos que los promotores habían anunciado. Según cálculos recientes, los municipios sólo reciben un retorno inferior al 3% del valor de la energía producida. A este panorama se suma una nueva oleada de proyectos, como turbinas eólicas de 200 metros, parques fotovoltaicos y macroplantas de biogás, que, si no se regulan adecuadamente, podrían transformar estas zonas en espacios despersonalizados y ambientalmente degradados.

Uno de los proyectos más polémicos es la línea de muy alta tensión (MAT) que Forestalia, una empresa privada, pretende construir. Esta infraestructura, con 150 kilómetros de torres de 96 metros de altura, atravesaría siete comarcas catalanas, con importantes impactos sobre la fauna, la flora y zonas habitadas. Ante esta situación, se plantea la necesidad de potenciar las comunidades energéticas ciudadanas (CEC), una alternativa basada en la generación de energía local a partir de recursos naturales. Iniciativas como las de Osona, La Vegueria del Penedès o Sant Cugat Safaja muestran que este modelo es viable y puede aportar beneficios si cuenta con la implicación de las administraciones.

La proliferación de macroparques en tierras fértiles también comporta efectos negativos como la desertización, la pérdida de soberanía alimentaria y la destrucción de la conectividad ecológica. Para minimizar el impacto, se propone aprovechar espacios degradados, como tejados o zonas no aptas para la agricultura, para nuevas instalaciones, y establecer normativas que regulen distancias de seguridad para preservar la biodiversidad y proteger a la población. En cuanto al biogás, se critica que la falta de planificación ha conducido a un modelo centrado en macroplantas, con impactos ambientales derivados del transporte de residuos y el aumento de la ganadería intensiva. Sólo las plantas que utilicen residuos locales y se ubiquen en suelos adecuados deberían ser aceptadas.

Otro elemento controvertido es la implantación de almacenes de energía, como las centrales reversibles en zonas con escasez hídrica. Un ejemplo es el proyecto previsto en La Nou de Berguedà, en un espacio de gran valor paisajístico y con usos ganaderos, que podría quedar obsoleto en pocos años por falta de agua. Este tipo de proyectos no sólo afectan al medio ambiente, sino también al patrimonio histórico, la actividad agrícola y los usos científicos o educativos de los territorios.

Ante este escenario, las entidades medioambientales reclaman una regulación clara y participativa que asegure el acceso a la información y permita defender los intereses colectivos ante los promotores. Denuncian que el actual Plan Territorial de las Energías Renovables (PLATER) no cumple estos requisitos, ya que se aprobó sin procesos de consulta ciudadana o ambiental y coincidiendo con las elecciones municipales de 2023. Esta falta de transparencia alimenta la desconfianza y deja la transición energética en manos de empresas con objetivos puramente económicos.

Las entidades exigen a la Generalitat una moratoria para los nuevos proyectos hasta la aprobación de un marco territorial y energético consensuado, como el que La Rioja impulsó con una suspensión temporal de licencias para proyectos renovables. También piden que el nuevo PLATERO incluya a los municipios, las entidades y la ciudadanía para asegurar una transición energética justa y respetuosa con el territorio. Si no se atiende esta demanda, las plataformas sociales advierten de que mantendrán la oposición activa, utilizando todas las vías posibles para defender el paisaje, la biodiversidad y el bienestar de las comunidades locales.

La Red CTEJ agradece al Sr. Sargatal la posibilidad de exponerle toda esta problemática y confía en poder mantener una línea de comunicación abierta con los responsables de la transición energética en el Gobierno. La Red continuará manteniendo una actitud proactiva y de entendimiento para colaborar con la administración en todos aquellos puntos que considere positivos para una correcta implantación de las renovables, pero no renuncia a utilizar todos los medios necesarios para oponerse a los proyectos que considere negativos, desde las movilizaciones ciudadanas hasta la presentación de contenciosos administrativos.