Crespín recibe la Asociación Ucraniano de Lleida

El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, ha recibido hoy en la Subdelegación al presidente de la Asociación Ucraniano de Lleida, Vasyl Stryzhak, y a otros miembros de la entidad, coincidiendo con los dos años desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.

En el transcurso de la recepción, el subdelegado ha conocido algunas de las experiencias vividas por parte del colectivo de ucranianos que decidieron instalarse en las comarcas leridanas tras el inicio del conflicto bélico, así como el proceso de integración que han vivido en diferentes ámbitos de la sociedad leridana.

Tanto el subdelegado como la Asociación Ucraniano de Lleida han valorado positivamente la colaboración y coordinación que hubo entre las diferentes administraciones para, tal y como ha explicado José Crespín, “facilitar, cada una de ellas dentro de sus competencias, la llegada, la acogida y el procedimiento documental para garantizar la protección a los ciudadanos ucranianos desplazados como consecuencia de la guerra”.

José Crespín ha recordado, en este sentido, que la Policía Nacional ha tramitado desde el 22 de marzo de 2022, fecha en que se puso en marcha el servicio de tramitación de protecciones temporales a ciudadanos ucranianos, hasta la hoy un total de 2.175 protecciones de las que 1.961 se tramitaron en 2022 y el resto, 214, a lo largo del año pasado.. La mayoría de las protecciones temporales corresponden a mujeres y sus hijos.

El procedimiento documental excepcional de tramitación habilitado por la Subdelegación del Gobierno y la Policía Nacional se gestionó con la colaboración de colectivos de ciudadanos ucranianos en la provincia de Lleida, ayuntamientos y entidades de carácter social con el objetivo de facilitar las citas previas y los trámites.

Las protecciones temporales a ciudadanos ucranianos contemplan el permiso de residencia y, para los mayores de edad, también el permiso para poder trabajar. Se trata de un mecanismo puesto en marcha por la Unión Europea y ratificado en España por el Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2022 para garantizar la protección inmediata y con carácter temporal a los ciudadanos ucranianos que tuvieron que dejar su país como consecuencia de la guerra.