El Consejo General de Andorra aprueba la ley ómnibus a pesar de las críticas de la oposición

El Consejo General ha aprobado el proyecto de ley para el crecimiento sostenible y derecho a la vivienda, también conocido como ley ómnibus. Los 17 votos favorables han permitido sacar adelante una legislación que debe permitir facilitar el acceso a la vivienda y regular los precios de alquiler, entre otras medidas. La votación ha recibido 10 votos en contra, los de los partidos en la oposición de Concordia, Andorra Endavant y el Partido Socialdemócrata.

Concordia ha votado en contra y lo han argumentado centrándose, sobre todo, en la especulación y la inversión extranjera. Precisamente Escalé ha articulado que los precios del país han incrementado casi un 20% desde abril de 2023 hasta diciembre de 2024. “Esto es extraordinario y no ha pasado en ningún sitio más en los países de nuestro alrededor”, ha advertido el presidente del grupo parlamentario de Concordia, Cerni Escalé.

“La ley prevé que se pueda comprar hasta dos inmuebles por parte de personas que no viven en el país. Nos planteamos por qué un segundo inmueble“, se ha preguntado Escalé, que ha añadido: “Si la gran mayoría de inversores extranjeros compran una sola residencia, que es lo que vemos en los datos del Gobierno, de qué nos sirve limitar a dos residencias las compras por parte de personas extranjeras. La mayoría de la gente seguirá comprando una residencia y seguirán subiendo los precios de mercado“.

El líder del grupo también ha puesto en cuestión las seis plazas de aparcamiento que contempla la ley para las personas foráneas. “Es reírse de la gente de Andorra”, ha señalado el político. “Con esta ley sigue siendo más fácil especular que encontrar un piso”, ha precisado Escalé.

Tampoco han acabado satisfechos desde el Partido Socialdemócrata. En este caso el grupo considera que es “una tomadura de pelo” y “marketing político“, ha apostillado el conseller general del PS, Pere Baró. “La foto final es que la ley servirá de muy poco”, ha declarado Baró. Lo ha justificado describiendo que había que limitar más la inversión extranjera. Y ha puesto el ejemplo de las personas extranjeras que pueden adquirir seis plazas de parking.

“Todavía no he entendido por qué quieren seis plazas de aparcamiento, si no es porque la inversión extranjera las compre y las vendan a la ciudadanía de Andorra por el doble o el triple, una vez más, una tomadura de pelo”, ha comentado Baró. También ha cargado que el texto no sea más valiente y ha mencionado que no arreglará el “que vendrá a partir de 2027”.

Andorra Adelante ha sido clara como el agua y han dejado patente que han votado en contra. Entre los motivos de su oposición han explicado que no están de acuerdo con la cesión obligatoria de los pisos vacíos porque “vulnera la propiedad privada” o porque no es justo que se “culpabilice a los propietarios” de la situación actual porque debe ser “el estado quien proporcione los pisos”, ha relatado la presidenta de la formación, Carine Montaner.

También consideran que es una ley muy intervencionista y pedían “poner más filtros a la inversión extranjera con el fin de garantizar un alto valor añadido al país, una recaudación fiscal”, ha enfatizado la dirigente de Andorra Endavant. Eso lo plasmaron a través de una enmienda que se les tumbó. De hecho, Montaner ha terminado su primera intervención del debate criticando la ley cataloguándola como “inaceptable”, “compleja” e “inaplicable”. Por eso ha amenazado con llevar la ley al Tribunal Constitucional.

Ciudadanos Comprometidos ha apoyado. Su presidente, Carles Naudi, la ha catalogado como una “ley muy valiente” y ha querido destacar la valentía del Gobierno al limitar la inversión extranjera inmobiliaria. “Venimos de un entorno que no hay ninguna limitación y presentamos un proyecto que habla de dos, hemos pasado de infinito a dos”, ha aseverado Naudi, en referencia a que con la ley los extranjeros podrán comprar solo dos inmuebles.

En este sentido, ha querido reiterar que “este Gobierno pone por primera vez limitación en la inversión extranjera y nadie lo quiere reconocer”. El representante de Ciudadanos Comprometidos también ha querido dejar claro que el texto “da seguridad jurídica, defiende la propiedad privada y defiende los principios constitucionales“, lo que permite “mejorar el poder adquisitivo de las personas y seguir avanzando en materia de vivienda”. Naudi lo ha ejemplificado poniendo de manifiesto el esfuerzo multimillonario realizado por el estado invirtiendo en pisos o con el hecho de que la oferta de pisos de alquiler se cuadruplica.

El conseller general no adscrito, Víctor Pintos, también ha apoyado la medida. Pintos ha alegado que aunque el texto tiene algunas “limitaciones”, es “necesaria para el país”. Pintos ha argumentado que no comparte algunas propuestas como por ejemplo la cesión obligatoria de los pisos vacíos o sobre el hecho de que se retiren algunas licencias turísticas, pero también ha afirmado que la ley es “imprescindible” y por ello ha acabado votando favorablemente.

Desde el Gobierno han defendido que el proyecto de ley no solucionará la problemática de la vivienda, pero sí permitirá mejorar la situación actual. “Es una ley equilibrada”, ha defendido la ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol. “Esta ley no es la solución, pero pretende mejorar la vivienda y el crecimiento del país“, ha expuesto a continuación Marsol, que ha agregado: “Seguro que mejorará algunos aspectos”.

Desde el grupo parlamentario de Demócratas también lo han asegurado de esta manera. Por ello la consellera general de DA, Maria Martisella ha mencionado que no será la única norma que se sacará adelante para velar por el crecimiento sostenible. En este sentido, Marsol ha anunciado que están trabajando con un proyecto de ley que creará un “programa de incentivos fiscales urbanísticos y económicos para la construcción de viviendas de alquiler a precio asequible privados y también un programa de ayudas para los jóvenes que quieren comprar su primera vivienda”.

 

Desestimadas todas las reservas de enmiendas presentadas por Concordia y el Partido Socialdemócrata

La sesión del debate para aprobar el proyecto de ley para el crecimiento sostenible y el derecho a la vivienda ha arrancado a primera hora de la mañana de este jueves con el examen y aprobación de las reservas de enmiendas, presentadas por los grupos parlamentarios de Concordia y por el Partido Socialdemócrata. Las 22 proposiciones han quedado desestimadas.

Las iniciativas no han convencido al resto de los grupos parlamentarios y no han obtenido los votos favorables suficientes para prosperar y ser admitidas dentro de la ley del crecimiento sostenible y por el derecho a la vivienda. De esta manera, el texto del proyecto de ley no ha sufrido ningún cambio y se ha mantenido tal y como salió de las comisiones.

Una de las que no ha salido adelante ha estado relacionada con el hecho de proteger a los inquilinos que se enfrentan a la trampa del hijo que utilizan los propietarios para hacer marchar a los inquilinos del piso para después incrementar el precio de la vivienda. La enmienda ha sido presentada tanto por Concordia como por el PS, aunque con contenidos diferentes. Desde la formación liderada por Escalé, defienden que haya una compensación económica a través de una indemnización equivalente a seis meses de alquiler en caso de incumplimiento por parte de la arrendadora.

“Esto genera un incentivo clave para evitar fraudes”, ha expuesto la presidenta suplente del Grupo Parlamentario de Concordia, Núria Segués. La propuesta no ha prosperado. Desde el grupo parlamentario de Demócratas y desde el Gobierno han defendido que no contemplan la indemnización porque ya se ha aumentado el importe de la multa “pasando del 25% al 50% con respecto a las infracciones graves y del 50% al 100% con respecto a la nulidad”, ha detallado la consellera de DA, Maria Martisella.

Sin embargo, Martisella ha aclarado que “no nos oponemos de manera frontal a volver a revisar el texto”. La consellera demócrata también ha manifestado que el procedimiento ya establece lo que el PS proponía. Y es que la notificación debe hacerse con tres meses de antelación. “Una vez que el arrendatario se le notifica la extinción del contrato debe comunicar vía formulario y adjuntar la notificación de la carta del arrendador y debe presentarlo en el servicio de trámites de Gobierno y, eso es lo que se hace hoy en día por eso no se aceptó la enmienda”, ha puntualizado Martisella. Durante su intervención Martisella ha expuesto que hay 33 expedientes abiertos por posibles abusos sobre la trampa del hijo.

Tampoco ha tenido éxito la enmienda planteada por Concordia de establecer zonas geográficas para personas que trabajan y residen en el país con el fin de proteger y asegurar que estas zonas se destinen solo a los residentes y “no a la especulación”, ha detallado Segués. La mayoría de los grupos parlamentarios, salvo el PS, no han estado a favor porque consideran que podría generar discriminación.

“Se quieren hacer residentes de primera y segunda y eso nos preocupa porque a lo largo de la historia nuestros padres han sido personas de acogida”, ha respondido el representante de Ciudadanos Comprometidos, Carles Naudi. “Es una discriminación que no se puede tolerar”, ha apostillado Carine Montaner. Desde los socialdemócratas lo han visto con buenos ojos y han defendido la propuesta afirmando que “la zona de exclusión sería para inversores extranjeros” y “no por nacionalidades” tal y como aseguraba Naudi, ha explicado la presidenta suplente del Grupo Parlamentario Socialdemócrata, Judith Casal.

Tampoco ha prosperado implementar sanciones entre 20.000 y 50.000 euros para aquellos propietarios que, teniendo sus pisos vacíos, simulen ocupaciones de sus propiedades con el fin de evitar la cesión obligatoria de sus pisos vacíos. Así como tampoco han tenido éxito el resto de reservas de enmienda.