Alcanar no tendrá que pagar indemnizaciones millonarias por los 24 apartamentos ilegales de Turov

El Ayuntamiento de Alcanar (Montsià) no deberá indemnizar a los propietarios de 24 apartamentos ilegales pendientes de derribar del complejo construido por la empresa Turov hace más de dos décadas. Aunque los tribunales exigieron al consistorio un aval millonario para el pago de las indemnizaciones, la Comisión Jurídica Asesora le ha exonerado de esta responsabilidad.

Los dictámenes del ente sobre las reclamaciones patrimoniales de los propietarios, a los que ha tenido acceso la ACN, argumentan que no existe un “nexo causal” entre la actuación de la administración local y el daño. Señalan que el promotor actuó de forma “dolosa” ocultando “deliberadamente” a los compradores de los inmuebles la suspensión y anulación judicial de la licencia de obras.

El llamado caso Turov continúa haciendo todavía giros inesperados 22 años después de la licencia ilegal que permitió construir una promoción de 32 apartamentos en unos terrenos del barrio de Serramar, en Alcanar Platja, donde el planeamiento urbanístico sólo admitía viviendas unifamiliares con jardín. La mayoría fueron comercializados por la promotora con posterioridad a la anulación judicial de la licencia sin haber informado de esta situación a los compradores.

Hace tres años, el mismo juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Tarragona que en el año 2006 había declarado nula la licencia a raíz del recurso de una vecina, exigió al Ayuntamiento canareu que presentara un aval con el que poder compensar al resto de afectados. De acuerdo con la valoración realizada anteriormente por la promotora, los propietarios pedían 3,2 millones de euros en total, daños morales al margen. A partir de las conclusiones de un informe encargado a un arquitecto para revisar la valoración bajo parámetros más actuales, el gobierno municipal presentó un aval por 2,24 millones de euros.

Pero la determinación final de las posibles indemnizaciones, cuando se trata de reclamaciones patrimoniales a la administración que superan los 50.000 euros, recae preceptivamente sobre la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat. Ahora, el consistorio justamente ha finalizado el proceso de notificar a una veintena de afectados los dictámenes comunicando que se desestima la petición de indemnización —algunas de las reclamaciones no fueron admitidas por defectos formales o de plazos.

El argumento principal del ente es que no existe un “nexo causal entre la actuación de la administración y el daño sufrido”. Considera que, en el momento de la venta de los apartamentos, la administración municipal ya había tomado en el año 2004 las medidas reclamadas por la Dirección General Urbanismo de la Generalitat para frenar la continuidad de la promoción, revisando la licencia y suspendiendo las obras pendientes.

Por el contrario, carga toda la responsabilidad sobre la actuación “claramente dolosa” de la promotora que vendía los inmuebles. Sin poner en duda la “buena fe” de los reclamantes, les recuerda que su relación durante el proceso de compraventa se ciñó “exclusivamente con la sociedad vendedora, sin ninguna interferencia administrativa”. Los dictámenes, en este sentido, sitúan la necesidad de dilucidar la existencia de daños y su alcance en “el ámbito del tráfico privado de bienes” por una “transacción fraudulenta” de un “inmueble viciado jurídicamente”.

 

Omisión “consciente” de la ilegalidad

La Comisión, en este sentido, acusa a Turov de “omitir de forma consciente” a los compradores “determinados elementos esenciales que deberían haber sido informados”. La sociedad no hizo constar en las escrituras de compraventa ninguna advertencia sobre la revisión de la licencia de obras, ni el procedimiento judicial abierto que la anuló. Únicamente constaba una referencia al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) impulsado para legalizar las obras que el Tribunal Supremo acabó tumbando definitivamente en febrero de 2013.

Se da incluso el caso, que uno de los reclamantes de la indemnización es una sociedad propietaria de dos apartamentos con el mismo administrador que la promotora Turov. Un hecho que la Comisión califica de un “claro supuesto de autocontratación” y que refuerza, aún de forma más clara, sus críticas. “La sociedad reclamante actuó de una manera dolosa en la compra de los inmuebles o, cuando menos, con negligencia grave, dado que el administrador de la sociedad era también el administrador de la sociedad promotora en el momento de la compraventa y, por tanto, conocía que se había anulado la licencia“, concluye.

A pesar de todo, y paradójicamente, en caso de confirmarse definitivamente el contenido de los dictámenes desestimando compensar a los propietarios, sería la propia sociedad Turov, actualmente ya liquidada, la única que podría acabar resultando indemnizada en el caso, después de que el consistorio le pagara 1,07 millones de euros en el año 2018 por los ocho apartamentos que tenía en propiedad, dando cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Al respecto, la Comisión avisa de que si bien el Ayuntamiento fue obligado judicialmente a indemnizar a la promotora ello “no permite extender automáticamente” las compensaciones al resto de afectados, en la medida en que adquirieron los inmuebles construidos mediante un contrato civil y “en ningún momento” se acredita que el consistorio “haya incumplido sus obligaciones” cuando la Dirección General de Urbanismo le obligó a revisar la licencia y detener las obras restantes.

 

“No los habrían tenido que vender”

“El promotor, la misma empresa que construyó los apartamentos, ya tenía constancia de que la licencia no era legal y no los habría tenido que vender”, ha asegurado en declaraciones a la ACN el alcalde de Alcanar, Joan Roig. Una interpretación que excluye a la administración municipal como causante del daño.

Ha recordado que el caso Turov se ha convertido en un maldito para el consistorio, que recientemente tuvo que pagar por orden del TSJC a la promotora más de un millón de euros a raíz de una “licencia mal dada”. “Esto fue en 2003 y los gobiernos actuales todavía pagamos las herencias de aquel urbanismo mal entendido de principios del siglo XXI”, ha reflexionado. Un estudio municipal posterior de estas prácticas reveló que se trataba de una práctica reiterada: con esta interpretación irregular de la normativa se llegaron a construir hasta 614 viviendas en varias urbanizaciones de Alcanar Playa cuando, legalmente el planeamiento sólo permitía 179.

Con todo, Roig ha insistido en que el consistorio, en todo momento, “ha seguido de forma exhaustiva todas las indicaciones” tanto de las administraciones como de los organismos judiciales. “Como administración pública no podemos hacer nada más que cumplir las sentencias”, ha reiterado, al mismo que ha asegurado “empatizar” con los vecinos propietarios de apartamentos que se podrían quedar sin indemnización por unos apartamentos que el propio consistorio, también de acuerdo con la sentencia judicial, debe derribar.

Los propietarios podrían, ahora, intentar recurrir el contenido de los dictámenes y mantener vivo el periplo judicial del caso. La ACN ha intentado ponerse en contacto con los representantes legales de los afectados que habían reclamado ser indemnizados por el Ayuntamiento de Alcanar sin conseguir respuesta alguna.

 

Segunda licitación del derribo

Precisamente, y de forma paralela a la resolución de las reclamaciones patrimoniales de los propietarios, el Ayuntamiento de Alcanar está ultimando la salida a licitación, por segunda vez, del proyecto de derribo para dar cumplimiento definitivo a la restitución de la legalidad urbanística reclamada por las sentencias judiciales.

La primera adjudicación de la obra, a principios de 2017, acabó con la renuncia de la empresa después de que el paso del tiempo hubiera dejado los precios obsoletos. El gobierno municipal estaba a la espera de las instrucciones del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Tarragona le concretara procedimiento para hacer efectiva la salida de los vecinos y la demolición. Una petición que no encontró respuesta. Esto le ha obligado a reiniciar el procedimiento con un estudio de costes “totalmente nuevo” y la nueva publicación del pliego de cláusulas.

 

Vuelven los anuncios de venta

Por si no bastase, la ACN ha podido volver a comprobar, como ya lo hizo público en diciembre de 2023, que propietarios de los apartamentos ilegales de Turov los intentan vender a través de portales inmobiliarios de Internet. Así, el anunciante Dani Real Estate ofrece un dúplex del complejo por 110.000 euros a través de la plataforma ‘fotocasa.es’, donde ha publicado una galería con numerosas fotos y vídeos del apartamento.

“Si buscas una vivienda de vacaciones, vine a conocer este apartamento tipo dúplex, ubicado en la urbanización de Serramar”, escribe, detallando a continuación todas las características, equipamientos disponibles y culminando la descripción con la frase: “a tan solo 700 metros de la playa”.

Hace un año y medio, una inmobiliaria pedía 29.000 euros también por un dúplex. En aquella ocasión, la oferta se presentaba como “oportunidad de inversión” con un precio teóricamente rebajado por el hecho de tener que asumir el riesgo de perder el dinero definitivamente cuando se acabe ejecutando el derribo. El anuncio fue finalmente retirado por la plataforma que lo acogía tras tener conocimiento de la situación irregular del inmueble.