Joan Laporta, president del FC Barcelona. CEDIDA
Un nuevo episodio judicial se suma a la controvertida historia del proyecto fallido del Reus Deportiu, que acabó con la desaparición del club. Dos hermanas de Coma-Ruga (El Vendrell), que invirtieron 200.000 euros en este proyecto, han denunciado nuevamente a Joan Laporta, actual presidente del FC Barcelona, por estafa, después de que, según afirman, se les ofreciera una propuesta para saldar su deuda con un puesto de trabajo ficticio en el club azulgrana, según ha informado La Vanguardia.
La propuesta, que se presentó a través de su asesora financiera, consistía en contratarlas por un puesto laboral sin que tuvieran que acudir al trabajo, cobrando un sueldo hasta cubrir los 200.000 euros invertidos.
Esta revelación ha llegado a través del documental Laportagate. El largometraje, financiado por las propias personas afectadas por las inversiones en el fallido proyecto del Reus Deportiu, denuncia no sólo la propuesta de trabajo ficticia sino también las diversas irregularidades que rodearon la operación.
Las hermanas decidieron invertir el dinero heredado de su padre en el proyecto del Reus Deportiu, dadas las garantías que se les ofrecieron. Sin embargo, desde el inicio de la inversión, el retorno prometido nunca se materializó de la manera acordada. Debido a este incumplimiento, las hermanas presentaron una querella por estafa contra Laporta, Joan Oliver, la asesora financiera y otros implicados, tal y como ha informado el propio medio. En 2022, Laporta y Oliver llegaron a un acuerdo con las hermanas, pero la situación no mejoró, y en 2024 las hermanas interpusieron una nueva querella, apuntando también a otras figuras implicadas.
Según las hermanas, la propuesta de Laporta se parece a otras prácticas utilizadas por la junta actual del Barça para compensar a otros inversores que también sufrieron pérdidas. De hecho, el documental, revela conexiones entre varios individuos vinculados al proyecto del Reus, que ocupan actualmente cargos destacados en el Barça.
Los implicados en el proyecto, han defendido en todo momento que las operaciones simplemente fueron inversiones que no salieron bien. Sin embargo, la situación judicial continúa abierta, con tres juzgados investigando los hechos por estafa.
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