El próximo lunes se celebrará un pleno extraordinario en Cambrils, donde el gobierno municipal presentará una propuesta para incrementar la presión fiscal, centrada especialmente en la tasa de recogida de basuras. El PP de Cambrils ya había advertido sobre esta posible subida, que ahora se concreta.
El portavoz del PP, David Chatelain, ha afirmado que “no apoyaremos ni las ordenanzas fiscales ni específicamente la tasa de recogida de basuras, ya que es el resultado de la inacción e incapacidad del equipo de gobierno para gestionar alternativas. Solicitaremos también que se rebaje el IBI para minimizar en parte la subida que proponen”. También recuerda que esta subida se suma a la del IBI, del 9,8%, del año pasado, o a la del agua, aprobada recientemente y que supone otro 12%, consolidando una gestión basada únicamente en aumentar tasas e impuestos sin medidas para reducir de manera sustancial el gasto.
El PP de Cambrils señala que la subida de la tasa de basura se basa en un informe de costes elaborado por Secomsa, una empresa pública que ha estado afrontando problemas económicos y cuyos servicios son cada vez más cuestionados por los vecinos. La modificación de la tasa incluye un aumento mínimo del 23%, aunque el PP advierte de que el incremento puede llegar hasta el 77% según el nivel de reciclaje de cada hogar.
Además, los populares critican que no se ha tenido en cuenta el impacto que esta subida tendrá en las segundas residencias ni el incremento desmesurado del esfuerzo fiscal que supondrá a los establecimientos comerciales y de restauración. Según el PP, esto provocará un alto nivel de litigiosidad contra la tasa, que se sumará a lo que generará el marco normativo, y muchos propietarios de segundas residencias podrían enfrentarse a recibos desproporcionados para noconocer en detalle la normativa.
Patricia de Miguel, concejala popular, ha resaltado también que “esta subida no mejorará en absoluto el servicio de recogida de basuras. Todo el impacto de la subida responde al aumento de los costes de Secomsa y a la ley de residuos impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez. Además, la improvisación en la implementación del sistema puerta a puerta en algunos barrios, junto con una campaña de comunicación deficiente, ha generado una fuerte oposición vecinal”.
El PP hace tiempo que se opone a esta medida y ya impugnó la ordenanza impulsada por el Consejo Comarcal, lo que provocó la anulación de los presupuestos del ente para 2024, dejando al Consell en situación de prórroga. Sin embargo, el Consell Comarcal aprobó inicialmente la ordenanza para el próximo año el pasado martes, con el voto en contra de toda la oposición excepto la CUP.
Desde el Partido Popular se denuncia que la medida vulnera la autonomía de los ayuntamientos, ya que los parámetros establecidos no responden a la Directiva Europea 2008/98/CE, sino a una ley del gobierno del PSOE que se ha extralumbrado en su redacción. Según un informe del Ministerio de Hacienda, la ley no obliga a imponer una tasa estrictamente individualizada, sino que busca una implementación gradual de sistemas basados en el principio de “quien contamina paga”, y por tanto había muchas alternativas menos lesivas para los intereses de los ciudadanos.
El PP presentará alegaciones e insta al gobierno a que se lo vuelva a pensar, aunque, ante el grado de degradación del gobierno municipal, envuelto en luchas internas, duda de que se escuche la clamorosa voz de la oposición y los vecinos, y la medida se acabe aprobando.
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