La prisión de Mas d’Enric, en El Catllar (Tarragonès), aplica desde este martes una nueva normativa interna con respecto a las ocupaciones laborales de los reclusos. Así, se han clasificado los diversos puestos de trabajo en cuatro niveles según su riesgo para la seguridad. Además, para acceder a los puestos de trabajo los internos deberán pasar un informe de seguridad preliminar, antes del ya existente informe del equipo multidisciplinar y la Junta de Tratamiento, según ha explicado el Departamento de Justicia a la ACN. Por último, los internos en primer grado tendrán una supervisión mucho más importante que la que tenían hasta ahora y los presos que cometan una falta disciplinaria muy grave pueden ser apartados de cualquier puesto de trabajo hasta tres meses.
Según Justicia, esta nueva normativa aclara el itinerario que debe seguir cualquier interno que quiera trabajar para el CIRE. Primero la Unidad de Seguridad Interior elaborará el informe de seguridad, que evaluará el perfil del interno para tener en cuenta en qué puesto de trabajo puede trabajar según el riesgo. El equipo multidisciplinar recibirá este informe y lo elevará a la Junta de Tratament, que hará una propuesta que el CIRE decidirá si acepta o no.
Entre los lugares con muy alto riesgo están la mayoría de trabajos en la cocina, justamente donde un interno mató a una cocinera en marzo pasado, la panadería, mantenimiento, comunicaciones y zonas de carga y descarga. Lugares de riesgo alto son algunos trabajos en la cocina, lavandería, ingresos, polideportivo y tienda. Los de riesgo medio son la mayoría de talleres.
La asociación Marea Azul ha hecho una valoración positiva en general de esta nueva normativa, ya que considera que la anterior era mucho más laxa que las de otras cárceles. No obstante, pide que se unifiquen todas las normativas sobre esta materia de todos los centros penitenciarios catalanes.
Aun así, de esta nueva normativa opinan que muchos talleres deberían estar clasificados como riesgo alto o muy alto, y no medio, ya que usan herramientas peligrosas. También consideran que para dar trabajo a los internos se debería tener en cuenta si participan o no en programas de tratamiento y si han pagado o van pagando a las víctimas la responsabilidad civil de sus condenas.
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