Condenan en prisión a los miembros de una red de prositución

La Audiencia de Tarragona ha condenado a los miembros de un grupo que obligaba a prostituir a una veintena de mujeres a 6 meses de prisión por un delito de asociación ilícita y 6 meses más por otro de determinación a la prostitución. También les ha impuesto multas que se elevan a 11.070 euros por los delitos contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales. Además, tres de los acusados deberán pagar una multa de 2,3 MEUR. Este lunes, Fiscalía y las defensas han acordado rebajar en dos grados las peticiones iniciales, que se elevaban hasta los 175 años de prisión para los máximos responsables. En el acuerdo se ha tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas -hace 14 años de los hechos- y que la mayoría de las víctimas no se han localizado.

El juicio debía arrancar este lunes con las declaraciones de 22 víctimas, dos de ellas testigos protegidos. Con todo, sólo se han podido localizar cuatro de ellas. En cuanto a los acusados, se han juzgado diecisiete de los veinte investigados, ya que tres se encuentran en situación de rebeldía. La sesión ha comenzado con más de tres horas de retraso porque una de las acusadas se ha visto afectada por las incidencias en la red ferroviaria y se ha alargado hasta bien entrada la tarde. Después de que todos los acusados ratificaran el acuerdo, el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Tarragona ha dictaminado la sentencia condenatoria.

Concretamente, el ministerio público y los abogados defensores han pactado seis meses de prisión y una multa de tres meses con una cuota diaria de 3 euros para los dos máximos responsables de la organización respecto al delito de asociación ilícita. En cuanto a los 41 delitos de determinación a la prostitución, han establecido seis meses de prisión y también una multa de tres meses por el mismo importe, lo que eleva esta cantidad a 11.070 euros.

Los líderes del grupo también estaban acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores y de uno continuado de blanqueo de capitales por los que se les ha condenado a una multa de tres meses, también de 3 euros diarios. Esta multa ha sustituido la pena de 1 mes y 15 días de prisión prevista. Además, se les ha impuesto una multa de más de 2.377.112 millones de euros por el blanqueo de capitales.

Para los otros dos investigados, que tenían más responsabilidad en el organigrama de la organización, también se han acordado las mismas penas, pero sin los 2,3 millones de euros de multa. En cambio, para otro de los acusados también se le ha impuesto los 2,3 millones de euros.

En cuanto al resto de las personas acusadas, las partes han pactado sustituir 1 mes y 15 días de prisión por una multa de tres meses, con una cuota de 3 euros diarios, por el delito de asociación ilícita. En el caso del delito de determinación a la prostitución han fijado una pena de seis meses de prisión y también una multa por la misma cantidad y tiempo. Finalmente, por el delito contra los derechos de los trabajadores han establecido sustituir la pena 1 mes y 15 días de prisión por una multa de tres meses, que como las otras se eleva a 11.070 euros.

En paralelo, el tribunal les ha prohibido a todos los procesados aproximarse a 500 metros de las víctimas y a comunicarse con ellos por un periodo de cinco años. También deberán indemnizarlas con 2.500 euros por los daños morales. Al mismo tiempo, se ha decretado el decomiso de las ganancias obtenidas por la actividad ilícita y el cierre de los locales, a excepción de una propiedad de los líderes de la organización, que no ha quedado embargada.

Hechos y peticiones iniciales

Entre 2008 y 2010, una veintena de mujeres fueron explotadas sexualmente en ocho prostíbulos diferentes, situados en Barcelona, Tarragona, Tortosa, Vilanova i la Geltrú y Sabadell. Según el ministerio fiscal, las víctimas, vivían en “condiciones extremadamente duras” en los locales que pertenecían al grupo.

Por todo ello, Fiscalía acusaba a 20 personas de 41 delitos de determinación a la prostitución, de uno de asociación ilícita, de otro contra los derechos de los trabajadores y de un delito continuado de blanqueo de capitales, así como de dos más de falsificación de documento oficial. Para los máximos responsables les pedía una pena de 175 años de prisión mientras que para el resto de integrantes del grupo las demandas iban de los 173 a los 6 años de prisión.