Una investigación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que operaban en Cataluña y en el País Valenciano. Las dos redes tenían capacidad para distribuir 100 kilos de cocaína al mes y de introducir drogas y teléfonos móviles en el centro penitenciario de Mas d’Enric, en Tarragona.
Se han detenido e investigado a 19 personas en municipios de Lleida, Tarragona, Castellón y Valencia como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal y soborno. Entre los detenidos hay dos internos y un funcionario de Mas d’Enric, que introducía teléfonos y droga en el centro y hacía de enlace con las organizaciones criminales.
En rueda de prensa, han explicado que la droga intervenida desde el inicio de la investigación habría tenido un coste en el mercado negro de casi un millón de euros. La investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, arrancó en julio de 2023 cuando los Mossos tuvieron conocimiento de una organización criminal dedicada a la introducción de objetos prohibidos en las instalaciones de Mas d’Enric.
Aparte de sustancias estupefacientes (cocaína, hachís, heroína), introducían teléfonos móviles, tarjetas SIM y cargadores. Las indagaciones policiales llevaron a la identificación de un funcionario de prisiones, que se encargaba de adquirir los productos prohibidos que le encomendaban los reclusos para luego introducirlos clandestinamente cuando accedía para iniciar su turno de trabajo. Esta persona también actuaba como enlace entre uno de los internos y otras organizaciones criminales fuera del centro penitenciario.
La policía hizo un estudio económico del funcionario y detectaron que había hecho ingresos en efectivo sin justificar en su cuenta bancaria por valor de 70.000 euros. El trabajador del centro penitenciario, pues, estaba a sueldo de uno de los internos y les ayudaba a conseguir clientes y a distribuir la droga y los teléfonos por diferentes módulos de la cárcel.
El sargento de los Mossos d’Esquadra de la DIC de Tarragona, Raul Ortega, ha explicado que el funcionario podía conseguir entre 400 y 500 euros de beneficio por cada teléfono móvil y que quedaba con familiares o colaboradores de los internos para recoger un paquete y entregarlo. También ha dicho que no ha habido ningún superior del funcionario investigado y que el trabajador desarrolló esta colaboración ilícita un mínimo de durante dos años.
Las gestiones de investigación iniciales condujeron a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Cuando los dos cuerpos policiales detectaron que había personas investigadas sobre las que coincidían, se coordinó a través del CITCO la formación de un equipo conjunto de investigación.
Durante la rueda de prensa, los agentes han explicado que la segunda organización contaba con diversidad de empresarios del Camp de Tarragona. Se trata de personas que regentaban negocios de restauración y ocio nocturno de forma habitual y “sin sospechas”. Estas personas, la mayoría de nacionalidad española, tenían una “doble vida” que se dedicaba a la actividad delictiva.
A partir de vigilancias y seguimientos se pudo identificar un importante punto de venta de sustancias estupefacientes en Vielha e Mijaran liderado por una parte de los miembros de la organización. El 6 de marzo de 2024 se desarticuló parcialmente esta organización con la detención de tres personas por un delito de tráfico de drogas. En este operativo conjunto se intervino una gran cantidad de drogas sintéticas como anfetamina y MDMA en formato roca, comprimidos y polvo, hachís y cocaína además de herramientas y productos para adulterar la droga.
La investigación continuó y constató cómo el funcionario asistía regularmente a reuniones con otros líderes de organizaciones criminales para concretar los detalles de las operaciones de narcotráfico en las que participaban conjuntamente. Entre estas redes de narcotraficantes destacaba una liderada por un hombre con residencia en Salou, el cual sorprendió a los investigadores tanto por la alta capacidad que poseía para distribuir cocaína y por la extensión del territorio en el que como por el volumen, ya que los investigadores calcularon que podía distribuir una media de 100 kg de cocaína al mes que podían generar el movimiento de más de 25 millones de euros al año.
Según han explicado los Mossos, los miembros de este segundo entramado investigado hacían centenares de kilómetros cada día para mantener reuniones presenciales con líderes de otras organizaciones, siempre en lugares diferentes, elegidos a última hora y con personas que vigilaban el entorno mientras los líderes concretaban el detalle de sus operaciones de narcotráfico.
Se detectaron instalaciones dedicadas al cultivo de marihuana, como en Les Franqueses del Vallès, en el Vallès Oriental; un gran número de vehículos a nombre de terceras personas o empresas, así como pisos, almacenes, locales y establecimientos comerciales que utilizaban muchas veces para mantener reuniones. Algunos de los miembros investigados eran empresarios que utilizaban sus comercios para justificar los ingresos que obtenían de la venta de droga.
Según ha explicado Daniel Robles, de la brigada de la Guardia Civil de Tarragona, los agentes descubrieron que parte de los beneficios de esta trama se dedicaron a comprar activos inmobiliarios en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), un país que no requiere información sobre la procedencia del dinero, sin embargo, sí hacer los trámites presencialmente.
Esta organización criminal estaba totalmente jerarquizada con una distribución de funciones. Uno de los papeles más importantes entre los miembros de la organización lo tenían los transportistas de la droga y dinero. Conocían la ubicación de las guarderías, así como los puntos de encuentro con los proveedores de droga y los clientes de la organización. Se encargaban tanto del transporte de grandes cantidades de droga como del dinero que generaba su actividad delictiva. Para ejecutar su labor con seguridad, utilizaban vehículos modificados con compartimentos ocultos que se abrían y cerraban a través de sistemas hidráulicos activados por Bluetooth desde un terminal móvil encriptado.
Precisamente, para el sargento de los Mossos d’Esquadra de la DIC de Tarragona, Xavier Tenorio, esta ha sido una de las dificultades para poder acabar con la organización. Tenorio ha explicado que adquirían coches y que mecánicos de confianza les fabricaban unos compartimentos ocultos por ser “indetectables” en los controles policiales. “Eran unos compartimentos ocultos hidráulicos que se activaban con una app de un teléfono”, ha recordado. Además, si se producía alguna detención, los teléfonos eran borrados remotamente. Los mecánicos conseguían eliminar de los vehículos los sistemas de geolocalización policial. Tenían sistemas encriptados y una empresa de alquiler de vehículos que les facilitaba coches sin registrar al usuario que lo utilizaba ese día.
El pasado 7 de enero se pudo interceptar en Salou un transporte destinado a la compra de una partida de droga y se intervinieron 200.000 euros que se estaban transportando por carretera.
Dos meses después, el 28 de marzo, los investigadores interceptaron un vehículo en la AP-7, en Torredembarra, en el que se realizaba un transporte de cocaína. En un compartimento oculto se intervinieron 15 kg de cocaína de alta pureza, se realizaron dos registros domiciliarios, donde se intervinieron dos máquinas contadoras de dinero, 342.368 euros en metálico, un revólver municionado con siete proyectiles, munición por armas de fuego de otros calibres (38 especial y 9 mm), una pistola detonadora, cantidades menores de sustancias estupefacientes (cocaína, hachís y marihuana), un vehículo “caleteado” y diversa documentación.
Derivado de las actuaciones, se procedió a la detención tanto del líder de la organización como de la persona encargada del transporte de droga, dos hombres de 44 y 54 años respectivamente, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.
El 14 de abril se llevó a cabo un nuevo dispositivo policial encaminado a desarticular al resto de miembros de la primera organización criminal. En este dispositivo se detuvo a un total de cuatro miembros de la organización inicial, entre los que se encontraba el funcionario de prisiones y dos internos del centro penitenciario, uno de ellos el líder de la organización que operaba desde la cárcel y que se encontraba cumpliendo condena por asesinato y tráfico de drogas.
Avanzada la investigación sobre la segunda organización criminal e identificados todos sus miembros y los roles dentro de la estructura delictiva, los investigadores llevaron a cabo el pasado 6 de mayo la fase final de la investigación con el objetivo de cortar completamente el entramado criminal dedicado al tráfico de drogas y se realizaron siete entradas y registros, cinco de ellas en la demarcación de Tarragona (Salou, El Catllar, Segur de Calafell y Cambrils) y dos en las localidades de Burriana (Castellón) y Montserrat (Valencia).
El resultado de estas entradas y registros fue la detención de siete personas de entre 43 y 58 años, así como la intervención de un arma corta de fuego municionada y con un puntero láser, dos cargadores, un chaleco reflectante del Cuerpo de Policía Nacional, una pistola de airsoft, una máquina contadora de dinero, 13.300 euros en metálico, varios terminales de teléfono móvil, pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes, un cultivo indoor de marihuana con 111 plantas y un turismo “caleteado”.
También se desmanteló un taller mecánico de vehículos, que operaba de manera ilegal, y donde se manipulaban los coches para evadir la acción policial en caso de ser registrados.
Así, el balance total de la operación resultaron con la desarticulación de dos organizaciones criminales con un total de 15 personas detenidas, 7 de las cuales entraron en prisión, y 4 personas investigadas. Se intervinieron cerca de 600.000 euros en metálico, más de 15 kg de cocaína de alta pureza, 2 armas cortas de fuego reales y munición, unos 4 kg de hachís, varios kg de marihuana, drogas sintéticas (MDMA y éxtasis), 4 vehículos modificados con compartimentos ocultos, teléfonos encriptados, y documentación de la actividad criminal de las organizaciones investigadas, entre otros objetos.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado a través de ‘X’ que por este caso el juzgado de instrucción 3 de Reus investiga a 13 de los detenidos, 3 de ellos en prisión provisional comunicada y sin fianza y los otros en libertad a disposición del juzgado. La causa está abierta por los delitos de tráfico de drogas y organización criminal.
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