Irídia recurre al TC la inadmisión de la querella contra un policía infiltrado en Barcelona

Según Irídia, la inadmisión supone un “incumplimiento grave” de la obligación de garantizar la prohibición de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes.

Los hechos se remontan a mayo de 2020, cuando un agente de la Policía Nacional se infiltró con una identidad falsa en diferentes espacios sociales y políticos del barrio de Sant Andreu de Barcelona. La infiltración continuó durante dos años, hasta octubre de 2022. La organización ha recordado que ésta se llevó a cabo mediante el establecimiento de vínculos sexoafectivos con varias mujeres activistas, que el agente “instrumentalizó” para obtener información política y personal bajo una identidad falsa, así como para mantener la confianza de otros colectivos y mujeres.

Por estos hechos, se interpuso una querella por los delitos contra la integridad moral, abuso sexual continuado, descubrimiento y revelación de secretos, e impedimento del ejercicio de derechos cívicos. Esta querella fue inadmitida por resolución del juzgado de instrucción 21 de Barcelona y posteriormente confirmada por la sección quinta de la Audiencia de Barcelona.

Según Irídia, la ausencia de una investigación judicial de estos hechos implica una vulneración de los derechos de integridad moral, intimidad y tutela judicial efectiva. Ha añadido que el estado está “incumpliendo con su obligación internacional de investigar de manera exhaustiva aquellos hechos que pueden constituir tortura o tratos inhumanos o degradantes”, como establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.

El recurso interpuesto ahora subraya la necesidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los límites legales y éticos del uso de relaciones sexoafectivas por parte de agentes policiales infiltrados, una práctica “aún no resuelta” por la jurisprudencia en relación con la figura del agente infiltrado en estos casos. La organización ha destacado que el Ministerio del Interior los ha descrito como agentes de inteligencia, diferenciándolos de los agentes encubiertos y ha apuntado que esta práctica afecta gravemente a la dignidad, la libertad sexual y la participación política de las personas afectadas, a la vez que criminaliza y limita los movimientos sociales.

El equipo jurídico de Irídia ha afirmado que si el TC no garantiza la protección adecuada, llegará a instancias internacionales.

Por otro lado, la entidad ha afirmado que este no es un caso aislado sino que desde junio de 2022 se ha conocido la presencia de nueve agentes infiltrados en movimientos sociales en Barcelona, Girona, Valencia y Madrid. Con todo, ha criticado que el estado español se ha negado sistemáticamente a desclasificar el número de agentes policiales infiltrados en espacios de movilización social y política, amparándose en la ley “franquista” de secretos oficiales.

Irídia ha insistido en que la falta de investigación pone en riesgo la protección efectiva de los derechos humanos y “consolida la impunidad de las autoridades responsables de unas prácticas tan innecesarias como abusivas”.