El padre de la joven que pide la eutanasia solicita la nulidad del procedimiento

Una habitació de la nova UCI de l'Hospital Germans Trias. CEDIDA

El padre de la joven paraplégica de 24 años de El Garraf que reclama la eutanasia ha solicitado al juzgado de lo contencioso administrativo 12 de Barcelona la nulidad de todo el procedimiento, según ha informado Abogados Cristianos, que actúa en representación del progenitor. Alega que tanto el médico como el jurista que evaluaron a la chica “han reconocido abiertamente tanto en el expediente como en la declaración judicial que falsearon el informe, fingiendo un desacuerdo para elevar el caso a la comisión“. Para los letrados del padre, ello supone una vulneración absoluta del procedimiento legalmente establecido, faltando a la verdad y vulnerando la ley de enjuiciamiento civil.

En concreto, los letrados han manifestado que la actuación “fraudulenta” de los funcionarios públicos “al fingir un desacuerdo” vulnera el principio de buena fe procesal, ya que la prueba en la que se fundamenta la decisión final es “ficticia”.

En este sentido, Abogados Cristianos no descarta acciones penales contra los miembros de la dupla que hizo la valoración por falsedad documental y prevaricación administrativa.

En cuanto a la situación de la joven, la organización ha insistido en que tiene enfermedades mentales diagnosticadas y que éstas afectan a su capacidad de tomar decisiones estables. Así, ha aseverado que la joven tenía reconocida una incapacidad del 67% por enfermedad mental previa al intento de suicidio que la dejó en silla de ruedas y que tras ello la invalidez aumentó siete puntos, hasta el 74%.

Por otro lado, ha defendido que la mujer no cumple los requisitos legales para acceder a la prestación de la eutanasia ya que su estado de salud mejora con tratamiento y su dolor es “controlable” con medicación, sin pérdida de esperanza de vida y sin contexto de fragilidad progresiva.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha apuntado que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que para aplicar la ley de la eutanasia es necesario “que haya una enfermedad física de origen, dejando fuera las enfermedades mentales“.