Condena al concejal de Sant Adrià por pagos a los clanes

La sentencia del Supremo detalla que está más que probada la prevaricación administrativa en este caso, en el que se ideó una “maniobra” con el fin de conseguir que los clanes de La Mina consiguieran de manera indirecta la adjudicación de la seguridad de los pisos de alquiler social del barrio.

Según el relato del Supremo, los acusados actuaron “con evidente arbitrariedad” en su actuación administrativa a la hora de adjudicar los contratos del servicio de vigilancia y fueron conscientes de ello “en todo momento”. Las pruebas, sigue la sentencia son “abundantísimas” e incluyen, incluso, la confesión de dos de los cuatro acusados.

Los hechos se remontan al año 2012, cuando el Incasol terminó la construcción de 34 de los 422 pisos de protección oficial previstos. Para evitar la ocupación ilegal de las viviendas terminadas, pero aún no adjudicadas, el Consorcio contrató, entre julio de 2012 y febrero de 2016, serveis de vigilancia, adjudicados a empresas propiedades de varios clanes gitanos de La Mina.

Ya en un primer momento, el Sindicato Independiente de Profesional de Vigilancia y Servicios de Cataluña denunció las adjudicaciones y también la Consejería de Interior interpuso sanciones por irregularidades en la contratación. A pesar de los obstáculos, esto no impidió que el plan continuara.

Entre 2016 y 2017 se hizo una nueva adjudicación a una empresa aparentemente desvinculada de los clanes, pero que ejercía de empresa pantalla a través de la cual los clanes de La Mina aún cobraban por la vigilancia de los pisos de protección oficial, con la connivencia del entonces concejal de Servicios a las Personas y vicepresidente del Consorcio de La Mina.