Esta mañana Collboni ha asistido al acto del ICAB de la presentación de propuestas legislativas para reducir la tasa de multirreincidencia en la ciudad. La más importante, la modificación de delito leve a menos grave en caso de robo del móvil. Esto pasaría por una reforma del Código Penal, que tal y como se ha explicado durante el acto, tendría que ir acompañada de un incremento de salas judiciales en Barcelona. Concretamente, seis más. Así lo pidió ayer la jueza decana, Cristina Ferrando, con el objetivo de descongestionar las agendas de los juicios rápidos y poder aplicar la agravante de multirreincidencia. Collboni ha subrayado la importancia de la demanda para que “los delincuentes dejen de reírse de nuestra policía y del sistema judicial”.
La multirreincidencia es uno de los problemas más preocupantes, según Collboni, para el Ayuntamiento y los ciudadanos de Barcelona. En la última Junta Local de Seguridad, celebrada en febrero, se hizo pública la cifra de multirreincidentes activos durante 2022: 487. “Nos va la tranquilidad de nuestra ciudadanía, sobre todos de quienes menos tienen porque los delincuentes operan en los barrios más vulnerables”, ha expresado el alcalde. De hecho, hace unos meses Collboni se reunió con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a quien le transmitió la situación en Barcelona respecto a este tema y apuntó. pedir la creación de más juzgados penales para acelerar los procesos.
Actualmente el Código Penal contempla el robo del móvil como un hurto cuando su valor no supere los 400 euros. Y, normalmente, el castigo para los ladrones se soluciona con una multa. Desde el ICAB piden volver a la propuesta de reforma del Código Penal para que los delincuentes multirreincidentes puedan ir a la cárcel para robar un móvil. “A cualquiera de nosotros si nos quitan el móvil, nos quitan nuestra vida. Lo tenemos todo en un aparato”, ha explicado el decano del ICAB, Jesús Sánchez García.
El problema es que, actualmente, los jueces son los encargados de revisar los tres delitos anteriores del delincuente, con el fin de determinar la cantidad total que supondrían los hurtos. Pero la lentitud en el sistema judicial, debido a la congestión de los juicios rápidos sobre este tema, dificulta que se pueda aplicar la agravante por multirreincidencia y, por tanto, que la solución sea la pena de 1 a 3 años de prisión.
Emilio Zegrí, miembro de la Comisión de Normativa del Colegio, se ha encargado de explicar los detalles de la propuesta. También ha puesto el acento en la importancia del teléfono móvil, alegando que tenemos “nuestra vida” y, por tanto, el robo del mismo sería un atentado contra la privacidad. Además, según ha explicado Zegrí, la aplicación de esta reforma legislativa ayudaría a generar un efecto disuasorio para evitar que los delincuentes piensen que cometer delitos en Cataluña ‘sale gratis’.
Durante el acto, desde el ICAB también han planteado respuestas al segundo problema que, según determina la abogacía de la ciudad, es un gran problema: la okupación ilegal. De hecho, durante el primer trimestre de 2022 se registraron en España 10.220 okupaciones ilegales, de las que casi la mitad, 4.341, fueron en Cataluña. Desde el ICAB también piden reformar el Código Penal sobre esta materia con el fin de luchar contra las mafias que se aprovechan de las familias más vulnerables.
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