El Ayuntamiento de Barcelona tiene un proyecto para instalar 500 cámaras de videovigilancia en las calles este mandato, según ha explicado a Ser Catalunya el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle. Batlle ya había expresado en agosto en una entrevista a la ACN la voluntad de instalar más cámaras —actualmente hay 120— y ahora ha concretado que se trabaja para que sean medio millar en una “primera fase”.
Para Batlle, es “insuficiente” tener poco más de un centenar de cámaras en una ciudad como Barcelona y ha añadido que la voluntad es incrementarlas allí donde hay más concentración de delitos. Por otro lado, ha explicado que se dotarán a los agentes de la Guardia Urbana de 20 pistolas Taser.
Sobre las cámaras, Batlle ha explicado que esta es una cuestión que debe acabar aprobando la comisión de control de los dispositivos de videovigilancia, que preside el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por este motivo, ha defendido que se dan todas las garantías de cara a la ciudadanía.
El teniente de alcalde ha confiado también en que en un periodo breve de tiempo se pueda aprobar la ordenanza de circulación, una modificación que ha considerado “imprescindible”. Por ello, ha confiado en que se acelere el diálogo con los grupos municipales. Entre otros, ha dicho que se deben abordar temas como la “disciplina” y el civismo al frente de vehículos de movilidad personal y ordenar mejor el sistema de reparto urbano.
Como ya ha hecho anteriormente, Batlle ha vuelto a reclamar más medios para luchar contra la multirreincidencia. Sobre los perfiles de estos ladrones, ha dicho que son “muy diversos” pero que están vinculados con la marginalidad.
Por otro lado, Batlle ha asegurado que Barcelona “está preparada” para hacer frente a fenómenos meteorológicos adversos como las últimas danas. El responsable de Seguridad del gobierno de Jaume Collboni ha destacado que la ciudad dispone de planes de prevención y de los medios necesarios para tratar estos temas.
Precisamente, ha elogiado la aportación de medios que el consistorio ha hecho al País Valenciano para ayudar tras la dana de finales de octubre. En cuanto a la Guardia Urbana, ha reiterado que se retiraron los efectivos porque en las condiciones que se les requería —sin llevar el arma reglamentaria— “no tenía demasiado sentido” hacer las tareas de seguridad ciudadana que realizan los agentes.
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