El juzgado de lo contencioso administrativo número 12 de Barcelona ha confirmado que la medida cautelar de paralizar la eutanasia de una joven de 24 años se mantiene hasta que haya sentencia firme o el procedimiento acabe. Este juzgado emitió sentencia el 14 de marzo desestimando el recurso del padre contra la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña que había autorizado la muerte asistida de la Noèlia. El hombre, representado por Abogados Cristianos, ha recurrido la decisión judicial. Tras la sentencia, la Generalitat registró un escrito en el juzgado preguntando si había una nueva petición de medidas cautelares, entendiendo que si no, se podría ejecutar la eutanasia. Ahora la administración de justicia ha informado de que las cautelares se mantienen.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha considerado “desgarradora la insistencia de la administración pública para poner fin a la vida de una chica con enfermedad mental, en contra de la voluntad de la familia”. “La Generalitat debería utilizar el dinero público para garantizar un tratamiento eficaz en La Noèlia, en lugar de abocarla a morir”, ha añadido.
La joven, nacida en el año 2000, ha intentado suicidarse varias veces desde la adolescencia con la sobreingesta de medicamentos, así como conductas autolesivas. En octubre de 2022 se lanzó de un quinto piso, lo que le dejó graves secuelas, le provocó pérdida de autonomía y le obliga a moverse en silla de ruedas. A raíz de aquel intento, ingresó en el hospital Joan XXIII de Tarragona y a partir de febrero de 2023 en la Clínica Guttmann por una pauta de regeneración intensiva para neurohabilitarla psiquiátricamente. La chica, entre otros, tenía varios antecedentes patológicos como trastorno límite de la personalidad obsesivo-comulsiva con ideación suicida e ideas paranoides. En el informe de alta de junio de 2023 se concretaba que la chica necesitaba ayuda “de forma muy puntual”, estaba médicamente estable y tenía el dolor controlado.
La chica, en cambio, alega que tiene doble incontinencia y muchas dificultades para vivir. Además, actualmente ya no puede caminar porque ha perdido fuerza y no tiene sensibilidad por debajo de las rodillas. Además, la medicación para apaciguar el dolor tiene muchos efectos secundarios.
Durante aquellos meses de rehabilitación en la Guttmann, la chica ya había dicho que quería iniciar el procedimiento de eutanasia, pero se acordó esperar un año desde el accidente para ver la estabilización de las lesiones y también comprobar si la voluntad era fruto de una frustración temporal o se mantenía en el tiempo. De la Clínica Guttmann pasó al hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Garraf), donde aún sigue ingresada.
En este último hospital, la Comisión de Ética Asistencial de L’Alt Penedès-Garraf se reunió en noviembre de 2023, en enero de 2024 y abril de 2024 para estudiar la petición, que concluyeron que la chica era consciente de su decisión.
En enero de 2024 se le reconoció un grado de discapacidad del 74% con carácter provisional hasta enero de 2027. En abril de 2024 la chica formalizó la petición de eutanasia, volvió a ser evaluada psiquiátricamente en junio. Ante algunas dudas, los dos encargados del informe, un médico y una jurista, decidieron emitir una posición de “desacuerdo” entre ellos para elevar la decisión al plenario de la Comisión de Garantía y Evaluación. Esta posición de desacuerdo era necesaria para poder elevar la cuestión al pleno de la comisión. El pleno de la comisión autorizó la eutanasia el 15 de julio.
El 29 de julio la gerente del Consorcio Sanitario de L’Alt Penedès recibió un correo electrónico donde dos supuestas amigas de la chica decían que ella había cambiado de opinión y adjuntaban una carta manuscrita y elevada ante notario donde ella pedía un aplazamiento de seis meses. La directora del hospital de El Garraf volvió a recordar a la joven que podía echarse atrás en cualquier momento, pero ella le ratificó la intención de acabar su vida con la eutanasia y dijo que no recordaba haber escrito con lucidez ningún documento donde se echara atrás. De hecho, dijo que dos conocidas de una comunidad religiosa habían entrado en su habitación, la habían despertado y le habían dictado el texto mientras ella todavía estaba medio dormida.
Al día siguiente, un notario de Sant Pere de Ribes se entrevistó con la paciente, que le ratificó la voluntad de continuar con el procedimiento. La eutanasia se le tenía que practicar el 2 de agosto, pero un día antes el juzgado lo paralizó a petición del padre.
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