El Ayuntamiento de Badalona ha declarado nula la contratación, por vía de emergencia, del alojamiento provisional de los afectados por el hundimiento de la calle Granada, en 2022, y de las familias que habían ocupado un bloque en Sant Roc y que fueron desahuciadas en 2021. La ayuda se alargó ocho y cuatro meses, respectivamente, con un coste de más de 230.000 euros. El Ayuntamiento, sin embargo, todavía no ha pagado a la empresa que prestó el servicio porque no tenía el aval de Intervención. Ahora la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat da la razón a Intervención, que consideraba que los plazos superan el tiempo de emergencia, entre otros. El consistorio hará ahora una auditoría para indemnizar al contratista y que de una manera u otra pueda cobrar.
El desahucio de la calle Gruifré, en el barrio de San Roque, afectó a un total de dieciocho familias, que hacía siete años que ocupaban un bloque de pisos de Solvia. En total 43 personas quedaron en la calle en noviembre de 2021. El alcalde del momento, el socialista Rubén Guijarro, firmó un decreto de emergencia para poder contratar un servicio de pernocta durante tres meses.
La ayuda, sin embargo, se acabó alargando cuatro meses, de noviembre a febrero, y el importe que debe el Ayuntamiento a la empresa que prestó el servicio, según las facturas presentadas, es de 87.655,70 euros. La intervención municipal, sin embargo, se opuso en dos informes desfavorables emitidos entre diciembre de 2022 y abril de 2023.
Finalmente, el pasado 6 de mayo, la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat informó favorablemente sobre la declaración de nulidad del decreto de alcaldía. En la misma fecha, el mismo organismo informa en los mismos términos sobre el decreto de emergencia vinculado al desalojo forzoso del número 22 de la calle Granada.
En este inmueble, un hundimiento parcial dejó en la calle a 24 personas, en marzo de 2022. Eran los vecinos del bloque siniestrado, en el número 22, así como de las fincas adyacentes. La ayuda a los vecinos directamente afectados se acabó alargando ocho meses, hasta noviembre de ese año, con un coste teórico para las arcas municipales de 144.553,20.
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