Entidades ecologistas han denunciado ante la Fiscalía el horror que viven los animales en una granja que cuenta con certificados de bienestar animal, donde las gallinas vivas conviven con los cadáveres descompuestos de otras aves, ratas e incluso se canibalizan entre ellas por la falta de alimentos.
Arde y Satya Animal han expuesto ante la Fiscalía que la granja, ubicada en Mallorca, atenta contra la salud pública y además comete un delito de estafa porque, por ejemplo, las gallinas calificadas de “camperas” no salen de los corrales durante muchos días. Precisamente, la marca “campera” indica que las gallinas son libres.
La granja “presenta una importante falta de higiene” con telarañas, polvo, tierra y plumas campando por todas partes sin que se ponga solución. Además, las gallinas vivas (y que ponen huevos que luego se comercializan) conviven con cadáveres de gallinas muertas en diferente estado de descomposición. También hay ratas, suciedad y algunas gallinas se alimentan de los cuerpos muertos de otros animales.
Las entidades denuncian que todas estas irregularidades implican riesgo “zoonótico” de transmisión de enfermedades a humanos, como la leptospirosis o la salmonela. La portavoz de Arde, Julia Elizalde, denuncia que esta granja es la explotación ganadera más grande de las Baleares por número de animales y también por extensión, y que además de los flagrantes delitos higiénicos y contra la salud pública, también habría un delito de estafa.
Las gallinas “camperas” no salen al exterior durante días y las puertas de las naves quedan cerradas permanentemente, contradiciendo la marca que hace que estos huevos sean más caros para el consumidor. “El consumidor paga más por este tipo de huevos pensando que las gallinas tienen acceso al aire libre, pero esta expectativa no se cumple”. La normativa europea exige que las gallinas camperas tengan acceso ininterrumpido al exterior.
Las entidades recuerdan, además, que se trata de una explotación reincidente en este tipo de cuestiones, ya que en el año 2024 ya fue sancionada con una multa de 150.000 euros por ejercer su actividad sin tener la autorización ambiental y por una mala gestión de los excrementos.
En cambio, la misma granja recibió una ayuda económica del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) de 380.000 euros para la construcción de un centro de clasificación de huevos. Ante ello, consideran que la granja funciona de forma ilegal en diferentes ámbitos y denuncian, además, que cuenta con el sello de bienestar animal Welfair.
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