El precio de la tarifa regulada del gas (TUR) se vuelve a encarecer a partir de este martes después de seis meses congelados.
Las diferentes modalidades de la TUR serán más caras a partir del 1 de octubre, día en el que se actualizan los precios de todas las tarifas del gas hasta finales de año.
El resultado ha sido “bastante neutro” en las tarifas del mercado libre pero no en la TUR que partía de un precio inferior después de que el trimestre pasado los precios se congelaran.
Aunque las partes fijas de la TUR ha experimentado una bajada desde la última revisión, la subida en la parte variable es la que provoca el aumento de la factura final que paga el usuario.
Según los cálculos de la OCU, por un hogar medio que consume 9.000 kWh la tarifa regulada del gas pasará de los 554 euros a 620 euros al año si el precio se mantuviera estable, un incremento del 12%.
La subida final dependerá de las necesidades de cada hogar: oscila entre el 5% para consumos de hasta 2.000 kWh y el 16% para consumos de hasta 20.000 kWh/año.
Facua calcula que la tarifa 2 – destinada a aquellos que sobrepasan los 5.000 kWh- este mes de octubre se encarecerá un 18,6%, de los 50,52 euros a los 58,89 euros, para un consumo tipo de 800 kWh al mes.
En cuanto a la tarifa de último recurso 1, destinada a consumidores que no superan los 5.000 kWh al año, notará una subida del 14,5% para un usuario tipo con un consumo de 400 kWh mensuales.
A pesar de este incremento, entidades en defensa de los consumidores aseguran que la TUR sigue siendo la más barata ante la mayoría de las tarifas en el mercado libre.
Por ejemplo, la OCU anima a los consumidores que cuentan con calefacción de gas centralizada que exijan a sus administradores y asesores energéticos que valoren contratar la tarifa regulada TUR antes de que llegue el invierno.
Facua insiste en reclamar al Gobierno que consolide un IVA reducido o superreducido para el gas natural para los usuarios domésticos.
Por otro lado, ¡ también señala que se deben acometerán igualmente otras medidas que acompañen esta rebaja del IVA, como un mayor control del fraude que se comete en el sector —ofertas engañosas, incumplimientos de periodos de contratación— y reformar el sistema de concesión del bono social energético para que pueda llegar a muchas más familias que lo necesitan.
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