Detienen a 28 personas y desarticulan una banda por explotación laboral en plantaciones de marihuana

El jefe de la banda era un ciudadano de origen español que era el encargado de localizar las naves, gestionar los alquileres y comprar todo el material necesario para la plantación. Por encima tenía a los líderes de la organización, que eran los que daban órdenes para que todos los peldaños jerárquicos funcionaran.

Por debajo de la cabeza, estaban los encargados de localizar a las víctimas en su país de origen, que eran las que se encargaban del cuidado y vigilancia de las plantaciones las 14 horas del día. En este escalón estaban también los ‘controladores’, encargados de vigilar a la víctima y proporcionarle todo lo necesario. Estos ‘controladores’ iban cada dos o tres semanas a las plantaciones.

La investigación comenzó en febrero de 2023, cuando se localizaron dos plantaciones de marihuana en naves industriales de Castellbisbal y Molins de Rei. En el interior se localizaron a la persona que custodiaba la plantación y, al entrevistarla, los agentes se percataron de que podría ser un caso de tráfico de seres humanos.

Esta persona dijo que se encontraba recluida y que había sido engañada en su país de origen por un compatriota, que le prometió trabajo en España en un establecimiento de lavado de coches. Le facilitaron la llegada a España, pero al recogerlo en el aeropuerto lo llevaron directamente a una nave industrial donde había una plantación de marihuana. Entonces le retiraron sus pertenencias, incluido el pasaporte y el móvil, y le dijeron que debía encargarse del cuidado de la plantación. LE facilitaron un teléfono con un único número de contacto grabado, que era de quien le explicaría cómo hacer el mantenimiento de la plantación. Lo amenazaron con hacer daño a su familia si no aceptaba. Cuando la policía lo liberó, hacía tres meses que estaba encerrado en la plantación.

En la segunda plantación registrada, se localizó a otra persona de similares características y nacionalidad. A él, pero lo captaron en otra ciudad europea y a él sí le dijeron que debería hacerse cargo de una plantación de marihuana, pero le dijeron que en España esta era una actividad legal.

Esta segunda víctima estuvo cerrada dos meses, sin contacto con el exterior y con la retirada del pasaporte. Una vez recolectada la marihuana, se lo trasladó a otra plantación de la banda.

Las dos víctimas vivían en el interior de las plantaciones, sin luz natural ni ventilación y comiendo únicamente lo que les proporcionaba algún miembro de la banda.

Plantaciones en Barcelona, Tarragona y Castellón

Una vez analizada la información encontrada en estas dos plantaciones y con las declaraciones de las víctimas, se localizaron seis plantaciones más en Barcelona, Tarragona y Castellón. No se localizaron más víctimas pero.

Una vez desmanteladas las seis plantaciones, los agentes notaron un cambio en el modus operandi de la banda, que pasó a utilizar chalés en urbanizaciones aisladas. Tras varios meses de investigación, a finales de junio la Policía Nacional desmanteló la organización con la detención de todos sus miembros, con la entrada y registro simultáneo en siete inmuebles, tres domicilios particulares y cuatro chalés. En su interior se encontraron más plantaciones.

En total se detuvo a 28 personas, cuatro de los cuales han entrado en prisión. Además, se intervinieron 13.218 plantas de marihuana y 1.308,79 gramos de hachís. La defraudación de fluido eléctrico en estas plantaciones subiría a 1.950.000 euros.

En el interior de las plantaciones se encontraron dos armas largas, una corta, cartuchos de 9 milímetros, 35.320 euros en efectivos y ocho documentos de identidad falsos.

A los detenidos se les imputan delitos de tráfico de seres humanos, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, falsedad documental, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y defraudación de fluido eléctrico.

Los agentes comprobaron que uno de los principales líderes de la banda fue condenado en 2022 a 25 años de prisión en Albania por cruce y asistencia ilegal de las fronteras del estado, ingresando en prisión en aquel país.

Además, los agentes han concluido que la organización tenía vínculos con otra investigada anteriormente, y de la que se detuvo a 123 personas para favorecer la inmigración ilegal de ciudadanos albaneses, entre otros delitos.