El operativo que los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional desplegaron el 27 de noviembre en el área de Barcelona, la Cataluña central y Castellón contra una banda por tráfico de drogas y personas se saldó con 36 detenidos y 11.007 plantas de marihuana provenientes de 15 plantaciones que quedaron desmanteladas.
También se interceptaron 8.381 kilos de cabello, 614,55 gramos de cocaína, 50.004 euros en efectivo, tres armas de fuego, una pistola de gas y hielo, un rifle de perdigones, 168 gallos de pelea y varios objetos de valor, joyas y teléfonos móviles. Durante la operación, se realizaron 34 registros en Castellbisbal, Vallirana, Cervelló, Masquefa, Pont de Vilomara y Castelló. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.
Los Mossos y la Policía dan por desarticulada la organización criminal, que presuntamente se dedicaba al tráfico de seres humanos con fines de explotación para la comisión de actividades delictivas. En concreto, hacía cultivo clandestino de marihuana y cría y enfrentamiento de gallos de pelea. Las víctimas llegaban al estado español para desarrollar una actividad diferente a la que acababan realizando a su llegada y a través de la cual supuestamente podrían obtener grandes beneficios económicos.
El operativo policial se realizó el 27 de noviembre y contó con la participación de 750 efectivos policiales, entre equipos de orden público, el Grupo Especial de Intervención (GEI), el área de medios aéreos, la unidad canina y la división de medio ambiente. Los Mossos han destacado que el riesgo y peligrosidad para acceder a la urbanización de Can Nicolau en Castellbisbal, donde se habían instalado una parte de los narcotraficantes investigados, y por ello se requirió la activación del GEI ante la posible existencia de trampas y porque disponían de un sistema de videovigilancia durante las 24 horas que incrementaba el riesgo de la intervención.
El dispositivo acabó con un balance de 34 personas detenidas en el área metropolitana de Barcelona y dos en Castellón.
Por otro lado, las 15 plantaciones de marihuana que se desmantelaron generaban un consumo eléctrico equivalente al consumo de una población de 1.200 viviendas, teniendo en cuenta un consumo anual de 3.500 kwh por vivienda. El gasto defraudado asciende a 1.050.412 euros. Ante esta situación, se activó un equipo de técnicos de la empresa distribuidora de luz para realizar las tareas de desconexión de la luz de las plantaciones.
La investigación se inició en mayo del año pasado. Por un lado, la Policía Nacional comenzó las indagaciones a raíz de la declaración de una de las víctimas, que explicó la situación vivida a su llegada, declarando que había sido explotada en varias plantaciones de marihuana, privada de libertad, agredida y amenazada hasta que consiguió escapar.
Por otro lado, los Mossos tenían en marcha una investigación sobre la organización criminal investigada, cuyos miembros estarían relacionados con las indagaciones que estaba haciendo el cuerpo policial español. Esta investigación se inició gracias a la colaboración e información de una empresa suministradora de electricidad y gas de Rubí, que detectó un consumo eléctrico elevado en tres fincas que podría corresponder a plantaciones clandestinas de marihuana. En este punto, se creó un equipo conjunto de investigación.
La organización criminal se aprovechaba de personas en situación de vulnerabilidad, procedentes de países latinoamericanos. A su llegada a Barcelona, las obligaban a trabajar como jardineros en el cultivo y vigilancia de plantaciones, controladas en todo momento por el clan, que no dudaba en utilizar la violencia si las víctimas no seguían sus órdenes.
El grupo estaba liderado por un clan familiar violento, formado principalmente por tres hermanos. Reclutaban víctimas a través de colaboradores en Latinoamérica o España. Las víctimas viajaban a Barcelona con billetes gestionados por miembros del grupo criminal e instrucciones para evitar levantar sospechas en las fronteras. Una vez en Barcelona, eran informadas de que habían contraído una deuda de hasta 4.600 euros por el viaje, que tenían que saldar trabajando en las plantaciones.
Las víctimas eran obligadas a vivir en las plantaciones, durmiendo en condiciones insalubres, sin libertad de movimiento y bajo constante vigilancia, a menudo por miembros armados de la organización. Algunas sufrieron agresiones violentas que les causaron lesiones físicas sin poder recibir tratamiento médico por miedo a represalias.
Aparte del cultivo de marihuana, durante la investigación se descubrió que los líderes de la organización criaban y entrenaban gallos para peleas clandestinas, que organizaban en espacios con capacidad para 100 personas. En los allanamientos, se encontraron 168 gallos en condiciones “deplorables”, además de material vinculado a esta actividad.
Los responsables blanqueaban los beneficios de todas estas actividades adquiriendo propiedades y regentando comercios relacionados con el cultivo de marihuana.
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