En un momento en que la inflación y el coste de la vida ponen a prueba la economía de muchos hogares, el Gobierno de España está valorando una medida inédita: una prestación universal por crianza que podría significar un ingreso mensual de 200 euros por cada menor de edad, desde su nacimiento hasta los 18 años.
La iniciativa, liderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, busca reconocer el coste estructural que supone tener hijos, independientemente de la situación económica o laboral de la familia.
A diferencia de muchas ayudas anteriores, que exigían condiciones como bajos ingresos, situación de desempleo o monoparentalidad, esta nueva propuesta nace con vocación universal. Sin embargo, el gobierno no descarta establecer algunos límites o criterios con el fin de asegurar un impacto más focalizado, como tramos de renta o un máximo de beneficiarios por unidad familiar.
Además, también se estudia la posibilidad de prorrogar la ayuda más allá de los 18 años en casos especiales, como los de jóvenes con discapacidad o dependencia reconocida.
Con esta prestación, el Gobierno aspira a dar un golpe de mano real a las familias, pero también a abordar el reto demográfico que afecta al Estado. El atraso en la edad de tener hijos, provocado en gran parte por la inestabilidad económica, es una realidad creciente. Esta ayuda podría convertirse en un estímulo para muchas parejas jóvenes que actualmente dudan en formar una familia por falta de recursos.
Aunque todavía falta el visto bueno definitivo del Parlamento y la aprobación de los presupuestos generales, la propuesta ha sido bien acogida por entidades sociales y asociaciones familiares, que ven en esta medida un paso firme hacia una política de apoyo a la crianza más justa y moderna.
Ahora sólo resta ver si el compromiso político se transforma en una realidad tangible que aligere, desde luego, el día a día de miles de familias en todo el país.
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