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Dos meses después de su conformación, el Gobierno ya tiene terminada y en marcha casi la totalidad de su estructura. En los últimos meses el Consejo Ejecutivo ha aprobado el nombramiento de 138 altos cargos. Lo ha hecho en diez reuniones, con la primera el 13 de agosto, cinco días después de la investidura de Salvador Illa. La portavoz del Gobierno, Silvia Paneque, ha alabado en varias ocasiones “la experiencia acreditada” de todos los nombrados. Uno de los denominadores comunes en gran parte de los casos es su trayectoria por el mundo local: la mitad de los nuevos altos cargos, 71, ha pasado por ayuntamientos o diputaciones. De hecho, de todos ellos hay 35 que estaban ejerciendo como concejales o alcaldes o que trabajaban en el consistorio en el momento del nombramiento.
De los 138 nombramientos aprobados por el Consejo Ejecutivo en los últimos dos meses, la mitad (el 51%) ha pasado por un ayuntamiento o una diputación, según datos recogidos por la ACN de los acuerdos de Gobierno publicados. En algunos casos se trata de personas que durante su trayectoria han sido concejales o alcaldes de sus municipios y que, años más tarde, han dado el salto a la Generalitat. En otros, son profesionales con perfiles técnicos especializados en una temática concreta, como la vivienda o el feminismo que han pasado a ocupar posiciones de responsabilidad en el Departamento del ramo.
Concretamente, 61 personas han dedicado parte de su carrera a los ayuntamientos. De ellas, 41 han sido alcaldes o concejales del municipio. Paralelamente, hay 21 que han estado en una diputación -en algunos casos, mientras también eran concejales o alcaldes de su municipio-. Un ejemplo es el de Víctor Puga, actual secretario de Territorio, que fue alcalde de L’Escala hasta 2022 y que también fue diputado en la Diputación de Girona en dos etapas; o bien el caso del delegado del Gobierno en Les Terres de l’Ebre, Joan Castor Gonell, que fue alcalde de Sant Jaume d’Enveja y que, hasta ahora, era diputado en la Diputación de Tarragona.
20 concejales o alcaldes se incorporan a las filas del Gobierno
La apuesta del Gobierno por la experiencia municipalista también ha tenido una afectación a los ayuntamientos y a las diputaciones en el presente, sin embargo. De estos 71 nuevos altos cargos que en algún momento de la historia han pasado por el mundo local, hay 44 (el 32% del total) que han abandonado las administraciones municipales o supramunicipales donde trabajaban para poder acceder al nuevo cargo. 35 de los nombrados estaban en ayuntamientos hasta hace pocas semanas, y 20 de ellos eran alcaldes o concejales.
Algunos ejemplos de este caso son el actual secretario de gobiernos locales y relaciones con Arán, Xavier Amor, que era alcalde de Pineda de Mar desde 2007; el histórico concejal de Granollers -y también exdiputado- Jordi Terrades, que ahora es secretario general de Territorio, o la ya exalcaldesa de Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, que ahora es delegada del Gobierno en Barcelona.
Procedencia de los altos cargos del Gobierno de Salvador Illa
Experiencia en el gobierno español
El mundo local, sin embargo, no es la única cantera de donde el Gobierno trata de buscar nuevos altos cargos. Algunos de los nombrados han dibujado su carrera profesional en el gobierno español, liderado en los últimos años por los socialistas y que también ha servido como plantel para el ‘sottogoverno‘. Concretamente, siete personas tenían un cargo que dependía del gobierno español en el momento del nombramiento, ya fuera como asesor de algún ministerio o con cargos de responsabilidad en subdelegaciones del gobierno en Cataluña.
En total hay 15 que han tenido vinculación con el gobierno español, sea ahora o en el pasado. Es el caso de Mónica Belinchón, directora general de Estrategia, Análisis y Prospectiva, que ha formado parte del gabinete de Educación y FP de 2021 a 2022 del gobierno español y fue coordinadora de la dirección adjunta del gabinete de la Presidencia entre 2020 y 2021; David Lizoain, director general de Análisis y Prospectiva Económica, que formó parte del gabinete de Presidencia del gobierno español de 2018 a 2022; o de Josefa Beltran, actual secretaria de Políticas Educativas, que era subdelegada del gobierno español en Barcelona hasta ahora.
Parte de los nuevos altos cargos han hecho camino por el Parlamento, también. Son un total de 10. Algunos eran diputados de esta misma legislatura -han tenido que renunciar al escaño-, como Víctor Puga, Raúl Moreno o Pol Gibert, mientras que otros, como Silvia Romero o Juli Fernández Iruela, lo habían sido en legislaturas anteriores.
Presidente y consejeros predican con el ejemplo
Si gran parte de los nuevos altos cargos han hecho camino por ayuntamientos, Illa y sus consejeros no son una excepción. De los 17 miembros del Consejo Ejecutivo, entre presidente y consejeros, 11 han sido representantes en varios ayuntamientos. Es el caso del propio Illa, que fue alcalde de La Roca del Vallès en 1995 pero que también fue gerente de Empresa, Cultura e Innovación del Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, quien también ocupó un cargo en el consistorio barcelonés años más tarde fue el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, que fue gerente del Ayuntamiento hasta su nombramiento.
En el Gobierno hay tres exalcaldes: Illa, de la Roca; Núria Parlon, de Santa Coloma de Gramenet; y Eva Menor, de Badia del Vallès. Paralelamente, siete han sido concejales: Alícia Romero, de Mataró; Ramon Ribagorza, de Sant Quirze de Besora y de Vic; Sílvia Paneque, de Girona; Esther Niubó, de Castelldefels; Miquel Sàmper, de Terrassa; Óscar Ordeig, de La Seu d’Urgell; y Berni Álvarez, de Tarragona.
De los 17 miembros del Gobierno, Sàmper, Menor y Ordeig han pasado, también, por alguna de las diputaciones. Y dos de los miembros del ejecutivo han tenido responsabilidades en el gobierno español: Illa fue ministro de Sanidad, y la actual consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez, fue secretaria general de Inclusión durante 2024, pero años antes había estado vinculada al Ministerio formando parte de un equipo de investigadores dedicado a evaluar los itinerarios de inclusión asociados al Ingreso Mínimo Vital.
