Hace pocos días, los medios de comunicación se hacían eco del primer aniversario del Gobierno del presidente Salvador Illa al frente de la Generalitat de Cataluña.
En un contexto en el que la crispación política traspasa fronteras y contamina democracias, discursos y sociedades, donde se desplaza el diálogo democrático por mensajes vacíos, y donde se premia más el grito que el argumento —con discursos que apelan al miedo y extinguen cualquier esperanza—, encontrar un gobierno que se ocupe de los problemas reales de las personas. es, sencillamente, una revolución. Y si, además, lo hace de manera tranquila, dialogando, sumando, escuchando, visitando y pisando el territorio, y generando amplios consensos —tan necesarios para afrontar los retos del país y responder a las demandas de la ciudadanía—, se convierte en una rara avis: tan inusual como absolutamente imprescindible para avanzar.
En una época en la que las grandes transformaciones suelen focalizarse en lo macro —autopistas, trenes de alta velocidad o megaproyectos tecnológicos—, sin renunciar a esta ambición de país, la Ley de Barrios de Cataluña y el nuevo Plan de Barrios y Villas 2025-2029 son un ejemplo claro de compromiso con el que es real y cotidiano, con el día a día de las personas.
Este programa ya dio frutos en el pasado y hay que recuperarlo con fuerza. Parte de un enfoque integral con el objetivo de dignificar la vida social y urbana de los barrios y villas, para prevenir la fractura social y hacer frente a la emergencia ambiental. El objetivo amplio del nuevo Plan es revertir la degradación de estos espacios: lugares donde la vivienda se deteriora, donde la población marcha por falta de atractivo residencial, donde el espacio público cae en desuso y faltan equipamientos comunitarios para hacer vida cultural, educativa o social. Demasiado a menudo, viven aquellos que no se pueden permitir otras opciones, y esta rueda se alimenta sola. Si no se actúa con decisión y compromiso, en poco tiempo, la diferencia entre barrios hará que la vida se segregue y aumente la desigualdad en todos los ámbitos.
Todos tenemos en la retina ejemplos concretos de barrios y villas que sufren esta situación. Hay que actuar para frenarla y, en el mejor de los casos, prevenirla. Tenemos también ejemplos exitosos de convocatorias anteriores que han permitido rehabilitar viviendas degradadas e inaccesibles, reabrir centros cívicos cerrados, impulsar actividades comunitarias, apoyar el comercio local y renovar plazas y espacios verdes. Una regeneración urbana profunda y del todo necesaria, que va mucho más allá del cemento: se trata de reconstruir el tejido social, la vida real de las personas. Se trata de volver a hacer de estos barrios y villas espacios para vivir en ellos y crecer como comunidad, y no una condena asociada a un código postal.
Barcelona ha vuelto a liderar la lucha contra la desigualdad entre barrios vulnerables, a la vez que municipios como Salt, Manlleu, Lleida o Les Franqueses han trabajado desde hace tiempo con este enfoque integral, consiguiendo mejoras que, sin este programa, habrían sido inviables, tanto por la magnitud económica como por el alcance transformador de las acciones.
Se prevé que la inversión de la Generalitat, con la parte compartida por los municipios, tenga un impacto económico estimado de 1.900 millones de euros. Esta es una clara apuesta por ayudar a construir una prosperidad compartida y equidad muchos rincones de Cataluña.
Bienvenida sea, pues, esta política útil, próxima, de abajo hacia arriba. Una política más necesaria que nunca en tiempos de incertidumbres y polarizaciones, que alejan la política —y los políticos— de lo que realmente importa.
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