El Consejo de la Unión Europea -que representa a los 27 estados- ha adoptado este viernes la directiva sobre eficiencia energética de los edificios que, entre otras medidas, reclama la eliminación de las calderas que funcionan con gas y otros combustibles fósiles de cara a 2040.
Según el texto, a partir de 2025 se prohibirá subvencionar estas calderas y sólo se aceptarán incentivos financieros para sistemas híbridos de calefacción que utilicen una cuota “significativa” de renovables, como por ejemplo los que combinen calderas con bombas de calor o instalaciones solares térmicas. La medida forma parte de la directiva que pretende conseguir que el parque de edificios de la Unión sea de cero emisiones en el año 2050.
En su objetivo final, la ley quiere contribuir de forma significativa a la consecución de los objetivos climáticos de la Unión, ya que, según datos de la Comisión Europea, los edificios son los responsables del 36% de las emisiones contaminantes.
Más allá de los efectos en los sistemas de calefacción, el documento propone una fuerte apuesta para la renovación de edificios, uno de los pilares de la normativa. Bajo las nuevas normas, todos los edificios de nueva construcción a partir de 2030 deberán ser de cero emisiones.
En cuanto a los edificios residenciales existentes, los países deberán adoptar medidas que garanticen una reducción del consumo de energía primaria de al menos un 16% para 2030 y mínimo del 20% para 2035.
Al mismo tiempo, los estados estarán obligados a la renovación del 16% de los edificios no residenciales menos eficientes para el 2030. De cara a 2033, la cuota de renovación debe despegarse hasta el 26%, es decir, que se deberán llevar a cabo cambios en uno de cada cuatro edificios.
En paralelo, en los edificios públicos y no residenciales, se prevé la instalación progresiva de placas solares si es “técnica y económicamente adecuado”. Para los que sean residenciales de nueva construcción, la instalación de placas solares será obligatoria a partir de 2030.
Los únicos edificios exentos de estas normas serán los agrícolas y los que forman parte del patrimonio cultural e histórico. Además, “los países de la UE podrán decidir no aplicar los requisitos a edificios protegidos por su valor arquitectónico o histórico especial, a las construcciones provisionales y a los edificios utilizados como lugares de culta y para actividades religiosas”, apunta el documento.
Después la Eurocámara diera el visto bueno definitivo al texto en marzo pasado, la decisión de este viernes por parte del Consejo pone en marcha el contador para la aplicación efectiva de la ley. Una vez se publique en el Diario Oficial de la UE, los estados dispondrán de dos años para transponerla en ley nacional.
