Sacyr y OHLA, dos de las grandes constructoras españolas que cotizan en el IBEX 35, son las únicas empresas que se han presentado al concurso público convocado por el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona para gestionar el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) en la ciudad los próximos cuatro años.
El SAD tiene actualmente en la ciudad unos 800 usuarios y usuarias que presentan diversos grados de dependencia y que reciben atención profesional como acompañamiento, higiene personal, servicios del hogar y terapias en su domicilio. El servicio depende de la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tarragona, la responsable de la cual es anticapitalista Inés Solé (CUP), según el reparto de funciones establecido en el acuerdo de gobierno de ERC, Junts y la misma CUP en esta legislatura.
Después de que la adjudicataria del servicio durante los últimos 12 años, la fundación tarraconense sin ánimo de lucro de la Xarxa Santa Tecla, anunciara que había decidido no presentarse al nuevo concurso ante las previsiones económicas "poco realistas" planteadas por el Ayuntamiento, esta semana hemos sabido que las únicas empresas dispuestas a aceptar las condiciones del gobierno del alcalde Pau Ricomà (ERC) son dos de las constructoras más grandes de España, con sede en Madrid y con beneficios multimillonarios alcanzados año tras año a través de su actividad en la construcción y gestión de grandes infraestructuras y el sector inmobiliario. Ambos grupos empresariales en los últimos años han apostado por ampliar sus líneas de negocio con la creación de filiales destinadas a ofrecer servicios a las personas, ganando presencia en varios ayuntamientos de España con la adjudicación de concursos públicos como el que está abierto ahora en Tarragona.
Es irónico, pero dos empresas que son ejemplo flagrante del capitalismo español son las únicas que se postulan para ganar un concurso público convocado por la CUP en una capital catalana en la que los anticapitalistas gobiernan con ERC y Junts.
¿Quiénes son estas empresas?
Sacyr, con sede central en la calle Condesa Venadito de Madrid, se ha presentado al concurso tarraconense a través de su filial Sacyr Social, dedicada a la prestación de servicios sociales. En la actualidad gestiona el SAD de localidades como Madrid, Valladolid, Ávila y Alicante. También gestiona centros residenciales para personas mayores en Madrid, Benidorm, Valencia y Murcia, así como centros de día en Coslada y Badalona. Todo el grupo Sacyr facturó en el año 2022 su récord histórico con más de 5.800 millones de euros y declaró unos beneficios netos de más de 111 millones de euros. Sacyr cotiza en el IBEX 35 y su consejero delegado y presidente, Manuel Manrique, cobró 6,8 millones de euros de sueldo.
OHLA, por su parte, se presenta al concurso de Tarragona con el nombre de OHL Servicios Ingesan, SA. Como también Sacyr, OHLA dispone de una línea de negocio destinada a la atención a las personas y a través de la cual gestiona centros de día, centros de personas mayores, pisos tutelados y SAD en varias capitales españolas. Entre sus proyectos de referencia se encuentra el SAD en La Coruña, Huelva, Cádiz, Murcia, Las Rozas de Madrid y Málaga. El grupo OHLA facturó más de 3.700 millones de euros en el año 2022 y declaró unos beneficios sobre ventas de más de 114 millones de euros. OHLA (antes OHL y con nombre legal Obrascón Huarte Lain, S. A) tiene su sede central en el Paseo de la Castellana de Madrid. Su consejero delegado, José Antonio Fernández Gallar, cobró más de 2,2 millones de euros de sueldo en el año 2021.
Uno de los impulsores iniciales de este grupo empresarial fue Juan Miguel Villar Mir, político que ocupó varios altos cargos durante el franquismo y que salió de OHLA el pasado mes de marzo de 2023 al vender su accionariado después de más de 36 años en la compañía.
En julio de 2022, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) impuso a OHLA, Sacyr y a otros gigantes del sector (Ferrovial, ACS, Acciona...) una sanción económica de más de 203 millones de euros por haber alterado durante más de 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras. Esta sanción, si bien, está aún pendiente de ejecución ante los recursos interpuestos por las constructoras en la Audiencia Nacional.