Ple de dijous a l'Ajuntament de les Borges Blanques
El Ayuntamiento de Les Borges Blanques ha cerrado un acuerdo para adquirir el edificio ocupado de la avenida Santiago Rusiñol, un edificio que en los últimos años ha generado una gran alarma social en este municipio de Lleida. El consistorio llegó ayer al pleno municipal a un principio de entendimiento con InmoCaixa y Coral Homes, propietarios de la mayoría de las viviendas.
Este acuerdo de compra y de financiación queda condicionado a conseguir el compromiso de parte de los Departamentos pertinentes de elaborar y poner en práctica un Plan integral de gestión del inmueble, con la creación, por ejemplo, de un equipo interdisciplinar.
Con esta adquisición por parte del Ayuntamiento se espera que se puedan aplicar medidas para revertir la problemática que se arrastra en este bloque desde hace años y que desde enero se ha agravado por la llegada de unos 50 miembros de una familia que fue expulsada de Tarragona.
Según explicaba el alcalde, Josep Ribagorçana, “sabemos que la compra del inmueble no es la solución definitiva, pero la adquisición de la propiedad nos permitirá tener los medios necesarios para solucionar la problemática y conseguir una gestión más próxima y eficaz”.
Con esta compra, se podrán aplicar medidas como administración pública, como contratar vigilancia privada, regular los alquileres sociales o elaborar un plan de gestión de la vivienda con unos criterios claros para acceder a ella.
Tras formalizar la compra, el gobierno municipal pedirá nuevamente la ayuda al resto de administraciones públicas para afrontar la situación. Una de las propuestas que hacen es la creación de un equipo interdisciplinario liderado por la Generalitat que aborde el problema desde diferentes vertientes.
La problemática de los pisos ocupados de este bloque hace años que dura, pero desde enero se ha agravado a raíz de la llegada de medio centenar de miembros de una familia que acumula un elevado número de hechos delictivos.
De hecho, vecinos del municipio convocaron una concentración en mayo pasado frente a la oficina de ‘la Caixa’, propietaria de 50 de los 77 de los pisos, para denunciar la inseguridad y el aumento de la delincuencia en el municipio.
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