La fiscalía europea, con el apoyo de la Guardia Civil en el Estado, ha desmantelado una organización criminal internacional por defraudar más de 38 millones de euros (MEUR) en IVA en operaciones de compraventa de coches. La operación 'Huracán' se ha hecho conjuntamente en siete países europeos y, según informa el instituto armado, la investigación ha llevado a hacer actuaciones en las comarcas gerundenses.
El volumen de negocios fraudulentos que calculan que movió la red, a través de entramado de empresas, alcanza los 225 MEUR. El origen del caso es un informe de la autoridad fiscal de Italia después de detectar la compraventa de "volumen elevado" de automóviles esquivando pagar el IVA que correspondía.
La investigación y la operación conjunta realizada en Bélgica, Alemania, Hungría, Italia, Holanda, Portugal y España ha contado con el apoyo de la red operativa @ON, financiada por un proyecto europeo. Un equipo de más de 2.000 investigadores fiscales, policiales y aduaneros han realizado más de 450 registros y han intervenido inmuebles, vehículos y documentación relacionada con el presunto fraude.
En el Estado, las actuaciones las ha realizado la policía judicial de la Guardia Civil de Girona, Almería, Cádiz, Guipúzcoa, Málaga, Murcia, Pontevedra y Valencia.
La investigación comenzó con un informe que la autoridad fiscal italiana dirigió a la fiscalía europea en enero de 2021, alertando de que empresas registradas en Italia y Hungría habían adquirido un "número elevado" de automóviles procedentes de Alemania y los habían vendido a otros países de la UE sin pagar el IVA que correspondía.
Los fiscales europeos delegados, junto con los investigadores, pudieron destapar una red de empresas y seguir el rastro hasta el grupo de delincuencia organizada responsable del fraude de IVA.
Según la investigación, el grupo había comercializado más de 10.000 coches utilizando este entramado con unas 60 personas implicadas. En los últimos seis años, los líderes de la organización han generado un volumen de negocio fraudulento de más de 225 MEUR, generando un fraude de IVA de más de 38 MEUR.
Además, también emitían facturas falsas para hacer creer a particulares y concesionarios que la operación era legal y correcta, pudiendo matricular los coches comprados en otros países.
Aparte de la defraudación de IVA, el organigrama criminal también hacía competencia desleal al sector de la compraventa de vehículos porque los coches se vendían por debajo del precio de mercado.
