La Asociación de Propietarios de Tierras Andorranas (APTA) ha puesto en manifiesto su preocupación por la tendencia, cada vez más frecuente en el Gobierno y los comunes, de querer disponer de manera libre y unilateral de bienes de propiedad privada.
Según mencionan en un comunicado emitido por la asociación, reafirma su compromiso en la defensa de los derechos a la propiedad, recogidos en el artículo 27 de la Constitución.
La APTA conoce la problemática actual en materia de vivienda y subraya que se trata de un asunto delicado.
En este sentido, han recalcado que han aportado numerosas propuestas al Gobierno y a los comunes, las cuales nunca han sido consideradas, y se quiere recordar que, de manera reiterada han solicitado la participación, ayuda, aportación e involucración en la reflexión estratégica sobre el problema de la vivienda. No obstante, se ha constatado que el ejecutivo, con la propuesta legislativa conocida como la ley ómnibus, entra en una dinámica peligrosa intervencionista y de requisición.
Así pues, la asociación ha mencionado que por medio de esta ley se culpa errónea e injustamente a los propietarios y se les señala como responsables de la crisis de la vivienda.
El nuevo marco legal quiere requisar y expropiar sus bienes, pero exigiendo que continúen hacerse cargo de todos los gastos y obligaciones (rehabilitación, mantenimiento, reparaciones) con unos ingresos de alquiler por debajo de mercado.
La deriva peligrosa en la que se mueve Gobierno provoca una clara inseguridad jurídica y conllevará una recesión en la actividad inmobiliaria que puede provocar un aumento natural de los precios de los alquileres y una perversión del concepto de propiedad que rápidamente puede expandirse como una mancha de aceite a otras esferas privadas.
Además, la APTA ha subrayado que la propiedad privada no está a la libre disposición de ninguna administración pública para regular y mitigar tendencias económicas globales.
Por tanto, ha expresado su rechazo a que se utilice la propiedad privada como una herramienta para intentar responder un problema complejo que requiere mucha más reflexión y consenso.
Dentro del marco de corresponsabilidad de los propietarios en el desarrollo del bienestar del país, la APTA ha pedido al Gobierno que propicie el diálogo, actúe de manera proactiva y se desprenda de los aclucales que le permitan ver que no está solo.
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