Al cabo de unas semanas de haber anunciado que el Ayuntamiento se personaba como acusación particular por el caso de Efial, el alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, la teniente de alcalde, Mar Lleixà, y el segundo teniente de alcalde, Víctor Grau, han comparecido esta mañana en una rueda de prensa para explicar cuál ha sido la respuesta por parte de la Audiencia Nacional.
Y es que la Audiencia Nacional ha decidido imponer una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros al presidente de Efial, Antoni Martos, tras recibir y aceptar a trámite el escrito de acusación particular presentado por el consistorio el pasado 14 de marzo.
Esta cuantía es la que corresponde exactamente al fraude detectado por el Ayuntamiento y que iba más allá de lo presentado por el ministerio fiscal, que sólo hablaba de un millón de euros.
Aparte del contrato de la sociedad municipal de GUMTSA, del año 2012, por la ejecución de trabajos de asistencia económica-financiera, contable y tributaria en la ejecución de actuaciones urbanísticas de iniciativa público-privada que corresponde a una licitación mediante el procedimiento negociado sin publicidad adjudicado a Efial por un importe de 100.000 euros. 189.700€, sin IVA; se han añadido dos nuevos contratos más. Es en el de 2012 donde se ha podido demostrar a través de los correos electrónicos que el presidente de Efial era el que indicaba a la responsable de la GESAT, la entonces concejala de urbanismo, Meritxell Roigé, cómo tenía que hacer la licitación, qué empresas tenían que participar y cuáles eran las cantidades que se tenían que fijar para que Efial resultara ganadora.
“Esperamos que Roigé dé explicaciones a la ciudadanía sobre estos hechos y que explique si era conocedora de estos procedimientos irregulares”, ha dicho Jordan recordando que “queda claro que es el personal de Efial quien elaboró el pliego de licitación del contrato, al que luego fue invitado y, finalmente, ganador de la adjudicataria”.
Los otros dos contratos que también figuran a partir de ahora en la acusación de la Fiscalía y en los que se habrían vulnerado las normas de contratación pública hacen referencia a uno del año 2008 en el que se hace un contrato de servicios a Efial por el valor de 100.000 euros. 350.000€, que acabó atrapándose con 60.620€ más. Y otro de 2010 donde, de nuevo, se adjudica sin concurso público a Efial un contrato de 390.696€, con una prórroga de un año que elevó el importe hasta los 781.780€. También se suma la investigación a otra de las sociedades municipales, Tortosa Esport, la vinculada a la gestión del gimnasio municipal del WIN y entonces bajo la dirección de Xavi Nadal, que habría estafado 104.810€ entre 2008 y 2012 con un fraccionamiento de contratos.
En este sentido, según Jordan, “Efial se lucraba de unos trabajos que habrían tenido que hacerse directamente desde GUMTSA. Por lo tanto, Tortosa creó una doble administración encarpándole a Efial un servicio sobredimensionado y fuera de la luz pública”. Tanto es así que los informes de la intervención municipal de los años 2011 y 2012 de aprobación de las cuentas generales alertan de que los informes de auditoría de las cuentas de las sociedades municipales se adjudicaron sin su supervisión, pese a que la inspección de esta contabilidad le corresponde por ley. Además, el interventor apuntaba que había que redimensionar GUMTSA porque contribuía a generar más gasto y a eludir el control de fiscalización. Unas medidas que “entonces fueron desestimadas por parte de Roigé”, tal y como ha recordado Jordan. Y es que el alcalde se cuestiona “¿por qué el grupo municipal de Junts per Tortosa ha votado en contra de manera sistemática a la personación del Ayuntamiento como acusación particular si después hay un juez de la Audiencia Nacional vincule los hechos al 3% y pida la fianza de 1,6 ME?”, remachando que “Se sitúa en el pódium, con la medalla de bronce, de los ayuntamientos corruptos del caso 3% de CiU, detrás de L’Ametlla de Mar y de Ascó”.
De hecho, este juicio se inició en Torredembarra que también había vivido un caso similar en su Ayuntamiento y que, tras descubrir que éste estaba vinculado a una trama mucho más extensa y que afectaba a muchos más ayuntamientos convergentes, el juzgado de El Vendrell decidió elevar la causa a la Audiencia Nacional. Ahora mismo, la exalcaldesa de Tortosa, Meritxell Roigé, está citada a declarar por parte de la Fiscalía, pero no tiene la condición de acusada. Jordan también ha lamentado que, en su día, el Ayuntamiento no hiciera nada ante el caso y no se presentara como acusación particular mucho antes porque eso ha impedido que, ahora mismo, se pueda ampliar la lista de investigados.
