A solo tres días de la prevista inauguración del nuevo centro comercial Family Parc en Campclar, Tarragona, el futuro del proyecto se ve amenazado por un conflicto administrativo que podría costar más de 500 puestos de trabajo, según ha denunciado este lunes el Grupo Municipal de En Comú Podem.
Con una inversión de 14 millones de euros, Family Parc prevé la creación directa de más de 200 puestos de trabajo y un impacto laboral indirecto que superaría el medio millar. Ahora, sin embargo, un informe de última hora de la empresa química BIC Iberia, ubicada en el polígono Entrevías, pone en riesgo la puesta en marcha del complejo.
Según BIC, parte del centro se encuentra dentro de la franja de seguridad química establecida por la normativa SEVESO, que delimita una zona de influencia de 420 metros alrededor de su planta. La empresa advierte de que la presencia de un centro comercial con capacidad para más de 5.000 personas puede suponer un "elemento vulnerable" en un entorno industrial con materiales peligrosos.
Desde En Comú Podem, el conseller Toni Carmona ha calificado la situación de "negligencia institucional flagrante", y ha denunciado la descoordinación entre el Ayuntamiento de Tarragona y la Generalitat de Cataluña, a quien responsabiliza de haber permitido que el proyecto avanzara durante años sin tener en cuenta el análisis de riesgo químico aprobado ya en 2011.
Una cadena de errores políticos y administrativos
Según los Comunes, la Generalitat validó hace más de una década el Análisis Cuantitativo del Riesgo (AQR) de la planta de BIC, pero el Ayuntamiento nunca incorporó esta información al planeamiento urbanístico municipal, ni durante el mandato del socialista Josep Fèlix Ballesteros ni durante el del republicano Pau Ricomà. El POUM del 2013 se encuentra suspendido, y el planeamiento vigente no contempla esta franja de riesgo.
Por su parte, el consistorio asegura que nunca recibió oficialmente ninguna advertencia sobre el riesgo químico por parte de la Generalitat, y que todas las licencias se tramitaron siguiendo la normativa vigente.
Esta falta de comunicación ha derivado en una situación de bloqueo: Según diversas fuentes, el Ayuntamiento ha suspendido temporalmente el permiso de primera ocupación, y la Generalitat todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre la licencia comercial.
Incertidumbre entre los trabajadores y empresas
Con el complejo ya construido y a punto de abrir, la incertidumbre plana sobre los trabajadores contratados y las empresas implicadas en el proyecto.
Jordi Collado, portavoz de la formación ha exigido exigiendo "explicaciones públicas inmediatas y la máxima transparencia ante la preocupación de las trabajadoras y trabajadores afectados".
Exigen soluciones urgentes y depuración de responsabilidades
En Comú Podem ha exigido una coordinación urgente entre la Generalitat y el Ayuntamiento para desbloquear la situación y garantizar tanto la seguridad ciudadana como la protección de los puestos de trabajo. También reclaman que se asuman responsabilidades políticas y administrativas por lo que consideran un "descalabro grave".
La formación ha lanzado una advertencia clara: "Q¿Cuidado responsabilidades asumirá el Ayuntamiento si permite la apertura del centro este jueves sin aplicar las medidas correctoras exigidas por la normativa? Y, en caso de que la Generalitat decida finalmente retirar la licencia comercial, ¿quién asumirá las consecuencias? ”
Family Parc mantiene la fecha de inauguración
Pese a la polémica, desde Family Parc se mantiene la voluntad de inaugurar el complejo este jueves, defendiendo que todas las licencias están en regla y aprobadas por las autoridades correspondientes.
Mientras tanto, la amenaza de una posible retirada de la licencia comercial por parte de la Generalitat y la amenaza legal de BIC Iberia abren un nuevo frente de conflicto que podría tener consecuencias económicas y sociales importantes para Tarragona.
