Con el inicio del nuevo año, el Ayuntamiento de Roda de Berà inició una reorganización del servicio de recogida de los restos vegetales con la retirada de los contenedores de la vía pública. El objetivo era evitar el uso indebido que una parte de la ciudadanía y empresas de jardinería estaban haciendo del servicio y optimizar recursos.
La decisión del consistorio rodense, sin embargo, ha tenido consecuencias para el Ayuntamiento de Creixell, que ha visto como los restos vegetales vertidos a los contenedores o abandonados en la vía pública se han incrementado considerablemente durante este mes. La hipótesis con más sentido y que defienden los dos alcaldes, Pere Virgili y Montserrat Muñoz, sería que los industriales que hasta diciembre utilizaban las cajas metálicas de Roda de Berà de forma ilegal para ahorrarse el coste de la planta de tratamiento de residuos, se desplazan ahora hasta Creixell para continuar con esta mala praxis. Estos profesionales están obligados a llevar los restos vegetales derivados de su trabajo a una planta de tratamiento y, de hecho, es un concepto que ya cobran a su cliente. Ambos ediles creen que no sólo serían industriales de Roda de Berà, sino también de otros municipios vecinos, como ya sucedía también en Roda.
El uso indebido de los contenedores, donde también se vertían andróminas y otros residuos de todo tipo, había provocado un sobre coste muy elevado para las arcas municipales del consistorio rodense, ya que la presencia de impropios en los contenedores metálicos de la poda había llegado a incrementar hasta un 130% el coste del tratamiento de estos residuos; un aumento que el equipo de Gobierno no quería que revirtiera en la ciudadanía.
Por este motivo se tomó la decisión de centralizar el servicio de recogida de la poda en La Guingueta, donde la ciudadanía y los pequeños industriales -con menos de tres trabajadores- pueden depositar los restos vegetales, hasta 200 kilos al día. En cuanto a los pequeños restos vegetales, no leñosos, se pueden seguir vertiendo al contenedor marrón, el de orgánica.
Ambos ayuntamientos vigilarán de forma exhaustiva para evitar los vertidos ilegales y sancionarán a las empresas y a la ciudadanía que no cumplan con la normativa vigente.
En el caso de Roda de Berà, la ordenanza de civismo y convivencia ciudadana prohíbe vaciar, verter o depositar cualquier tipo de residuo en la vía pública. Hacerlo comporta, sanciones de hasta 750 euros. Durante el año 2023 se abrieron 27 expedientes sancionadores y se hicieron 51 advertencias. Este año, desde el 1 de enero, son 3 los expedientes iniciados por vertidos ilegales.
En cuanto al municipio de Creixell, las sanciones pueden llegar hasta los 450 euros, aunque está prevista una modificación de la ordenanza con el fin de endurecer estas penalizaciones.
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