Juicio del Parque Central | Los primeros testigos no recuerdan los hechos después de 30 años

La Audiencia de Tarragona ha comenzado a juzgar este martes a cuatro de los ocho acusados del caso del Parque Central, después de que el tribunal no haya aceptado el archivo solicitado por las defensas hace dos semanas.

Los primeros testigos han explicado que se constituyeron Mundo Brokers S.A, Capital y Patrimonio S.A y Julomar S.A y Samclada, relacionadas presuntamente con algunos de los investigados.
“Las sociedades se hacían para venderlas”, ha declarado uno de ellos, quien ha dicho que no recordaba su venta. “Joan Miquel Nadal, que yo sepa, no era socio —de Capital y Patrimonio”—, ha apuntado.
El fiscal ha rebatido con la prueba documental que el exalcalde Nadal, conjuntamente con Sanromán, se vendieran las acciones. El juicio se ha iniciado 30 años después.

En la primera sesión del juicio han declarado media docena de testigos, entre los que se encuentran los responsables de la constitución de algunas de las empresas investigadas en la causa, como Mundo Brokers S.A. A preguntas del ministerio público, uno de los testigos ha detallado que creó la sociedad Capital y Patrimonio con compañeros de despacho. “Se creaban las sociedades para venderlas, cuando un cliente quería algo rápido ya tenía una sociedad constituida“, ha declarado José Luís Fuentes, uno de los testigos.
También ha afirmado que no sabía qué ganancias tenía y que se le cobraban unos honorarios a los clientes por estos servicios.

Este mismo testimonio ha respondido que no conocía al señor Carbonell Figueras, Andreu Gaza y Joan Pere Pons y que tampoco recordaba a qué personas se habían vendido las acciones de la empresa Mundo Brokers S.A. “No eran clientes míos”, ha afirmado.
A su vez, ha explicado que las siglas de la compañía Samclada correspondían a los nombres de los hijos de uno de sus socios de despacho —París.

En su declaración, el fiscal también le ha preguntado sobre el exalcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal (CIU) y su vínculo con Capital y Patrimonio.
“Lo conozco de Tarragona de toda la vida, que yo sepa, no era socio”, ha declarado.
Con todo, el ministerio público ha mostrado las actas de venta de acciones de esta sociedad, en las que constaba el ex alcalde.

Otro de los testigos también ha dicho que constituyó Mundo Brokers S.A. Según el ministerio público, esta empresa recibió 120 millones de las antiguas pesetas de Cotinsa por la opción de compra de los terrenos conocidos como los “terrenos del gas”. “El precio estipulado por la compra de los terrenos rondaba los 850 millones de pesetas“, recoge el escrito acusatorio de Fiscalía.
Según el fiscal, Mundo Brokers se constituyó el 16 de octubre de 1987 y el accionista mayoritario era Capital y Patrimonio S.A (48 acciones), que también era su administrador.

El juicio continuará este miércoles con las declaraciones de otros testigos.
Entre los previstos para este lunes, había uno de ellos que la Sala no ha conseguido localizarlo y, otro que el fiscal ha renunciado a interrogarle por problemas de audición y de memoria derivados de su avanzada edad.

 

Los investigados

En la causa están investigados ocho procesados, de los cuales tres ya han fallecido.
Se trata de dos empresarios e Isidoro Prenafeta.
Los otros cuatro acusados son el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tarragona (CIU), Ángel Fernández y los empresarios Juan Carretero y José Miguel Yubero, quienes están investigados por ser autores o cooperadores de un delito continuado de tráfico de influencias.
Mientras que el abogado, Enric Llobet, está acusado de un delito de blanqueo de capital.

En cuanto al exalcalde de Reus, Miquel Colàs, quedó excluido provisionalmente de ser juzgado porque no se encuentra en las condiciones “adecuadas” por su avanzada edad, según se acordó en la vista de cuestiones previas, celebrada el 9 de septiembre.

La Fiscalía comenzó a investigar el caso en 1994, aunque ese mismo año se archivó.
En 1995, se volvieron a reabrir las diligencias, pero hasta marzo de 1997 no arrancó la instrucción, que culminó en 2016.

 

Peticiones de penas

El ministerio público solicita una pena de cuatro meses de arresto mayor, ocho años de inhabilitación especial por cargo público y una multa de 2.406.000 euros para el exregidor de Urbanismo de Tarragona, Ángel Fernández.

Para los empresarios Juan Carretero y José Miguel Yubero pide cuatro meses de arresto mayor, ocho años de inhabilitación especial por cargo público y una multa de 1.800.000.
Finalmente, para Enric Llobet, le hace la misma petición, pero con una multa de 360.000 euros.
Fiscalía hace estas peticiones de acuerdo con el Código Penal de 1973.