La Audiencia de Barcelona ha comenzado a juzgar este martes un caso de supuesta estafa y apropiación indebida de unos administradores judiciales de una fundación de residencias geriátricas. La fiscalía pide más de 30 años de prisión para el principal acusado, que, junto, con seis personas más habrían desviado cerca de un millón de euros hacia sus cuentas o las de empresas suyas procedentes de cuatro residencias geriátricas de Barcelona, Vallirana y Ourense.
Los acusados declararán al final del juicio, que acaba a principios de febrero, y este martes varios testigos han reafirmado que los administradores no hicieron algunas de las obras por las que supuestamente cobraron.
El fundador y presidente de la fundación Virgen de Fátima, que dirigía las residencias hasta 2009, ha explicado que los acusados cobraron indebidamente centenares de miles de euros y después, cuando la justicia les retiró la gestión, continuaron abusando, amenazando y calumniando a la familia que dirigía la fundación. También le dificultaron la entrada una vez que la justicia revocó la intervención judicial y ocultaron documentación de las residencias.
El hijo del expresidente y otros trabajadores de las residencias han explicado que muchas obras pendientes de hacer no se hicieron, y otras que los acusados habían documentado falsamente para cobrarlas a través de empresas suyas, no se llegaron a hacer.
Según la fiscalía, en octubre de 2009 un juzgado de instrucción de Barcelona, a raíz de una investigación contra el presidente de la fundación propietaria de los geriátricos, nombró a un administrador judicial sobre unas residencias de Barcelona, Vallirana (Baix Llobregat) y Ourense, y la intervención de las empresas que las gestionaban. Este administrador nombró a seis colaboradores, también investigados en la causa.
El presidente de la fundación presentó un recurso contra la decisión judicial, y la Audiencia de Barcelona le dio la razón en abril de 2010, casi siete meses después. No obstante, los acusados continuaron dirigiendo las residencias e incluso actuaron para enriquecerse de forma injusta a través de un gran entramado de empresas del que formaban parte.
Así, los acusados habrían encargado diversos estudios y proyectos de obras de mejora innecesarias a personas de su confianza, desatendieron el pago de facturas a proveedores o alquileres y traspasaron inmuebles entre las diversas sociedades intervenidas. También contrataron a varios trabajadores de forma indefinida. De hecho, en marzo de 2010 el juzgado que había ordenado la intervención de las residencias advirtió a los administradores que no se excedieran en sus funciones, y les recordaron que la intervención era una medida cautelar.
A finales de mayo y mediados de junio de 2010 el administrador judicial presentó una memoria de su actuación, pero no aportó documentación que certificara su veracidad. Así, faltaban facturas, información contable detallada, recibos, justificantes de pagos, nóminas, subvenciones, justificantes, información fiscal o inventarios. La magistrada instructora requirió toda la información y la documentación al principal acusado, que aún no la ha aportado.
Según el escrito de acusación, los acusados se apropiaron de cerca de un millón de euros de las cuentas de las gestoras de las residencias con transferencias directas a su favor o a empresas que ellos controlaban de forma privada.
Los acusados también contrataron a uno de ellos por 5.000 euros al mes como coordinador contable, cargo para el que no estaba preparado ni podía ser contratado. Cuando se acabó la administración judicial fue despedido y él denunció a la empresa por despido improcedente y aportó documentación falsa para presentar la demanda.
Entre otros hechos, también intentaron, vía notarial, ser designados directivos de la fundación gestora de las residencias. Aprovechando los cargos ficticios abrieron una nueva cuenta bancaria para desviar dinero de la entidad.
Cuando ya habían sido desposeídos judicialmente de los cargos de administradores, los acusados interpusieron personalmente y a través de empresas suyas diversas demandas judiciales reclamando importantes cantidades por servicios inexistentes que nunca se prestaron. Pero al mismo tiempo domiciliaron la fundación en un despacho profesional de uno de los acusados. Como los nuevos gestores de las residencias no recibían las demandas, no las contestaban y, por tanto, los juzgados las admitían.
Por todo ello, la fiscalía les acusa de los delitos de administración desleal, apropiación indebida, infidelidad en la custodia de documentos, desobediencia a la autoridad judicial, falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles, estafa y estafa procesal.
Al principal acusado le piden más de 30 años de prisión y varias multas, así como 57.178 euros de indemnización. En el resto de acusados, las penas también son importantes, pero menores. Las empresas de los acusados que cobraron de las residencias por servicios no prestados son responsables civiles subsidiarias.
El juicio está previsto que se alargue hasta el 6 de febrero, y los acusados declararán al final de todo.
