El Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso decisivo en la regulación del mercado inmobiliario al anunciar la eliminación de 10.000 de los pisos turísticos para noviembre de 2028. Esta decisión, liderada por el alcalde Jaume Collboni, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional (TC), que ha dado el visto bueno a la ley catalana que limita este tipo de vivienda. La medida supone una reforma profunda en el uso del suelo urbano y busca mitigar la crisis de vivienda que afecta a miles de residentes.
El pleno del TC ha rechazado el recurso presentado por más de 50 diputados del PP, confirmando que la legislación respeta el marco constitucional español sobre la propiedad privada y el mercado. Así, se da luz verde a la normativa que pone fin a las licencias indefinidas para los pisos turísticos en 262 municipios de Cataluña, incluyendo Barcelona.
El alcalde Collboni ha calificado el fallo como una “gran victoria por el derecho a la vivienda”, subrayando que la sentencia otorga solidez legal a una política que pretende recuperar 10.000 viviendas para uso residencial. “Es una medida con base jurídica y un paso firme hacia una ciudad más habitable”, ha afirmado en una rueda de prensa acompañado de la teniente de alcalde Laia Bonet y el concejal Jordi Valls.
Además, ha querido destacar que la sentencia confirma que es posible modificar las reglas del juego sin vulnerar la legalidad. “No solo es viable políticamente, sino que es necesario para garantizar un futuro mejor para los barceloneses”, ha añadido.
La regulación de la vivienda turística ha sido un tema recurrente en varias capitales europeas, y Barcelona se ha posicionado al frente de esta lucha. Collboni ha defendido su iniciativa en foros internacionales en Bruselas y Luxemburgo, y está convencido de que la prohibición de los pisos turísticos en Barcelona tendrá eco en toda Europa. “Es una medida pionera que muchas otras ciudades están observando con atención”, ha declarado.
El decreto establece que los propietarios de pisos turísticos tendrán hasta cinco años para obtener una licencia urbanística específica. Este permiso deberá renovarse cada cinco años y, según la ubicación del inmueble, el coste y las condiciones pueden variar. En Barcelona, sin embargo, a partir de noviembre de 2028 todas las licencias vigentes quedarán anuladas y no se permitirá continuar con la actividad turística en estos pisos.
La única excepción sería una futura modificación del planeamiento urbanístico que permitiera la reintroducción controlada de los pisos turísticos, pero el Ayuntamiento ya ha avanzado que no tiene intención de hacerlo mientras haya déficit de vivienda para residentes. “No podemos justificar nuevas licencias cuando la demanda de alquiler supera con creces la oferta”, ha concluido Bonet.
Con esta decisión, Collboni afirma que Barcelona convierte en una de las primeras grandes ciudades europeas en implementar una regulación tan drástica en materia de turismo y vivienda, abriendo el debate sobre el futuro de las políticas urbanísticas en otras capitales del continente.
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