El caso del desahucio de Josep Torrent, profesor de 49 años e inquilino de la Casa Orsola, ha vuelto a poner en el centro del debate la situación de la vivienda en Barcelona. Después de que el desalojo fuera aplazado hasta el 18 de febrero a las 9:30 h, el Sindicato de Inquilinos ha señalado que la movilización vecinal ha sido clave para forzar este aplazamiento.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado este lunes que “hace unos días se habló con el Síndic de Barcelona para plantear una mediación. Esta fue una de las primeras medidas”. Además, ha defendido que la ciudad está dando pasos para regular el mercado del alquiler y garantizar el derecho a la vivienda. “Necesitamos tiempo, porque queremos que todo el mundo tenga disponible un hogar”, ha afirmado, subrayando la importancia de las medidas impulsadas por el consistorio para mejorar el acceso a la vivienda asequible.
No obstante, el alcalde ha recordado la postura de Barcelona respecto a la vivienda: “Somos la única ciudad que tiene presente la regularización de precios de los alquileres, que eliminará los pisos turísticos en el año 2028 y que hace cumplir el reglamento”. En esta línea, ha subrayado que el Ayuntamiento de Barcelona ha sido pionero en aplicar políticas para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar viviendas accesibles para la ciudadanía.
El propietario de la Casa Orsola, Albert Ctra, se ha mostrado abierto a vender el edificio, tal y como ha expresado en una carta publicada este lunes. “Después de recibir todo tipo de insultos y ataques, supongo que finalmente acabaré vendiendo la finca”, ha escrito, aunque ha advertido de que un nuevo comprador podría ser un fondo de inversión sin nada de interés en llegar a acuerdos con los inquilinos.
En cuanto a la posibilidad de que el Ayuntamiento compre la finca en caso de que se ponga a la venta, Collboni ha sido prudente: “Sobre si compraremos la finca en caso de ponerse a la venta, es un tema demasiado serio y hablamos de personas. Nosotros siempre lo haremos todo para mediar”. Asimismo, ha reiterado el compromiso para buscar soluciones justas y negociadas entre las partes implicadas.
El alcalde ha concluido reafirmando su apoyo a las medidas para limitar el aumento de los precios de los alquileres: “Luchamos por hacer frente al tope de precio del alquiler”. Estas declaraciones llegan en un momento de fuerte tensión social a la ciudad, con numerosas protestas para exigir una regulación más estricta del mercado inmobiliario y proteger los derechos de los inquilinos.
Enric Aragonès, portavoz del Sindicato de Inquilinos, ha declarado que “es evidente que el aplazamiento no responde a otra cosa que a la movilización y a la evidencia de que se repetirá tantas veces como haga falta”. Esta situación refuerza la presión sobre el Ayuntamiento y la propiedad de la finca, Lioness Inversiones, para encontrar una solución negociada.
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