La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, y el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Ribagorçana, han inaugurado esta mañana la Barnahus, la casa de las chiquillas y los chiquillos, de El Prat de Llobregat.
Es la 14ª casa de estas características que se pone en marcha y dará servicio a la comarca del Baix Llobregat y L’Hospitalet de Llobregat.
Se trata de un modelo de atención integral a las víctimas donde todos los departamentos que intervienen en un caso se coordinan y trabajan bajo el mismo techo, en unas dependencias, lejos de comisarías y hospitales, que permiten crear un entorno amigable para los niños y niñas.
Dispone, además, de un circuito cerrado de televisión para grabar el testimonio del niño o el adolescente que permite crear una prueba preconstituida.
Así, se evita que la víctima tenga que declarar una media de cuatro veces en varios lugares y ante diferentes personas.
El objetivo principal del servicio es pues la valoración, la atención, el tratamiento y el seguimiento de cualquier niño y adolescente de la zona que haya sufrido violencias sexuales, aunque los profesionales del centro colaborarán también en la prevención y detección de esta chacra.
En el transcurso de la visita a las instalaciones, la consellera Martínez Bravo ha puesto en valor el despliegue de la red de Barnahus y ha explicado que solo este año 2024, “las 13 casas de las chiquillas y los chicos que ya están en funcionamiento han atendido 1.715 casos de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual”.
Según Martínez Bravo, se trata de una “realidad dramática que está emergiendo, y que demuestra que el modelo Barnahus funciona, tanto para la detección de casos como para el acompañamiento a las víctimas”.
Por su parte, el conseller de Educación ha remarcado la capacidad de la Barnahus de poner a la víctima en el centro y ha destacado también incorporación de profesionales del ámbito de justicia al proyecto.
En este sentido, ha recordado que el Departamento que encabeza “ha llevado a cabo un importante esfuerzo para dotar a estos equipos especialidades de 43 nuevos profesionales que puedan hacer frente al importante aumento de casos que empezamos a ver desde la puesta en marcha de las unidades integradas”. Se trata, concretamente, de personal de los equipos de asesoramiento técnico penal, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña y de las oficinas de atención a las víctimas.
La consellera y el conseller –acompañados, entre otros, por la secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud, Teresa Llorens y el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler– han hecho un recorrido por las instalaciones y han conocido su equipo profesional formado por una coordinadora, dos trabajadoras sociales, dos psicólogas y personal administrativo.
También se desplazará cuando sea necesario personal del equipo técnico penal, médicos forenses, profesionales de atención a la víctima del Departamento de Justicia, así como mozos, pediatras, psicóloga y psiquiatra del Departamento de Salud, entre otros.
Siguiendo con el modelo de Tarragona, cada unidad Barnahus cuenta con salas de espera separadas equipadas con muebles, juguetes, revistas, libros, etc., adecuados a la edad y a las necesidades de los niños y adolescentes.
También tiene espacios de trabajo para los profesionales; salas de atención a familias, niños y adolescentes, salas con el equipamiento técnico necesario para hacer la entrevista forense y la prueba preconstituida, una sala de exploración médica, o una cocina, entre otros.
La Casa de las Chiquitas y los Xiquets del Prat es gestionada por la entidad Suara.
Barnahus, la casa de las chiquillas y los chiquillos es un proyecto del Gobierno de la Generalidad que implica varias consejerías.
El principal impulsor es el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión —mediante la Dirección General de la Atención a la Infancia y la Adolescencia—, en coordinación con Salud, Educación, Interior, Justicia e Igualdad y Feminismo, además de la Fiscalía y la Judicatura.
El centro tiene el aspecto de un hogar para que los niños y sus familias lo reconozcan como un espacio amigable que proporciona seguridad y confianza.
Trabaja a tiempo completo un equipo psicosocial y, además, hay otros profesionales que se desplazan cuando es necesario o que se conectan a él por videoconferencia para evitar que la víctima y su familia sean los que tengan que recurrir a las diferentes instancias que intervienen en estos procesos: comisaría, juzgado, servicio de infancia, centro médico…
Los objetivos principales son dos. Por un lado, procurar que los niños y adolescentes se vinculen a un binomio profesional —habitualmente formado por un psicólogo o psicóloga y un trabajador o trabajadora social—, que se encargan del desarrollo y la recuperación de las víctimas y de acompañar a sus familias en este proceso. Por otro, minimizar la contaminación del testigo y garantizar las mejores condiciones por si el equipo de asesoramiento técnico penal recibe el encargo de llevar a cabo una entrevista forense para la prueba preconstituida o declaración judicial.
El Gobierno de la Generalitat inició la prueba piloto con la Barnahus de Tarragona en el año 2020.
Hasta el 31 de agosto de este año, este recurso ha atendido a 974 niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y ha conseguido multiplicar por 4 la detección de casos respecto a otros territorios.
El buen funcionamiento de la experiencia tarraconense empujó al Gobierno a extender su modelo con la proyección de unidades en todo el país.
Así, también están Barnahus en marcha en Terrassa, Granollers, La Seu d’Urgell, Lleida, Girona, Tortosa, Vilanova i la Geltrú, Barcelona (dos unidades), Badalona, Mataró y Manresa.
La de El Prat de Llobregat es la última de las previstas.
Para la gestión y coordinación de estos recursos se han constituido comisiones territoriales con representación de Derechos Sociales, Justicia, Mossos d’Esquadra, Salud, Educación e Igualdad y Feminismos.
Las comisiones son la herramienta principal de consulta, información y debate, y pueden proponer actividades y analizar las necesidades sociales de cada territorio. Tienen la función de actualizar y establecer los protocolos de comunicación e intervención entre los departamentos de la Generalitat, así como elaborar y perfeccionar los circuitos necesarios para garantizar una atención especializada de acompañamiento a las víctimas en el proceso de cuidado, recuperación y reparación.
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