Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al cultivo interior de marihuana en Sabadell. Durante el operativo se ha intervenido más de 4.000 plantas y se ha detenido a diez personas de entre 19 y 62 años, la mayoría de los cuales forma parte de la misma familia. En las seis entradas a domicilios investigados también se intervino 1 kilo de cabellos de marihuana, más de 13.000 euros en efectivo y seis vehículos de alta gama, además de joyas, relojes de lujo y numerosas cajas con calzado y ropa de varias marcas. En el registro de los domicilios también decomisaron un arma de fuego corta, un arma larga y munición de diferentes calibres.
La investigación comenzó en julio de 2024 a raíz de una llamada anónima que informaba de una posible plantación de marihuana en una casa de una urbanización de Sabadell. Tras varias gestiones se confirmó la existencia de varias casas con plantaciones interiores vinculadas a la misma familia. A partir de ahí, se creó un equipo conjunto de investigación con la Policía Nacional.
Durante la investigación se identificó varios vehículos que visitaban frecuentemente las casas y que, a menudo, iban acompañados de un segundo coche que se quedaba fuera para vigilar. Uno de los coches fue protagonista de una huida al verse sorprendido por un control policial. Estos comportamientos, sumados al elevado consumo eléctrico de las ubicaciones y otros indicios recogidos por los investigadores, permitieron la autorización por parte del Juzgado de Instrucción 3 de Sabadell para la entrada y perquisición de los seis domicilios investigados el 20 de febrero.
En las entradas, el grupo investigador confirmó la presencia de una gran cantidad de plantas de marihuana, muchas de ellas ubicadas en sótanos y habitaciones bunquerizadas. En el interior de los domicilios también localizaron la instalación propia de las plantaciones con varios focos de luz, ventiladores, aparatos de aire acondicionado y deshumidificadores entre otros enseres.
De los diez detenidos, ocho pasaron a disposición judicial el 22 de febrero y dos quedaron sin efecto con la obligación de personarse ante el juzgado cuando se les requiera. Se les atribuye la participación en delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, contra la propiedad industrial y de defraudación de fluido eléctrico.
