Del silencio a la batalla legal: la familia que quiere cerrar el ciclo de la Guerra Civil

José Álvarez López era un hombre humilde y trazo. Vivía sin un domicilio fijo, ya que su trabajo de guardaagujas de la RENFE lo hizo vivir en un vagón de tren con destino: donde el trabajo lo llamara. Era padre de familia de dos niñas y de un niño. La Guerra Civil española le hizo dejar su trabajo bien remunerado, para ser combatiente del bando republicano y llevar a su familia por situaciones de pobreza, como explicaba en las cartas que trasladaba a su mujer. En una de sus últimas comunicaciones con la familia, se despedía diciendo que la situación era muy crítica, pero que él seguiría adelante luchando por la República, traslada la familia Álvarez.

Setenta años más tarde y sin comunicación con él, la familia recibe la confirmación de sus intuiciones: el padre había muerto, a consecuencia de unas heridas en las piernas provocadas por los últimos bombardeos de la batalla del Ebro de 1939, informa Josep Montmany, nieto de José Álvarez.

Desde su traspaso, José Álvarez López ha sido una figura silenciosa en la historia familiar de los Álvarez, pero su memoria se ha convertido en el centro de una larga batalla legal.

Desde su traspaso, José Álvarez López ha sido una figura silenciosa en la historia familiar de los Álvarez, pero su memoria se ha convertido en el centro de una larga batalla legal.

Un conflicto alargado desde hace décadas

José Álvarez, combatiente republicano abatido en la batalla del Ebro en 1939, fue enterrado en el cementerio de Huerta de San Juan (Tierra Alta), pero veinte años más tarde de su muerte y con el desconocimiento de la familia, fue exhumado y trasladado al Valle de los Caídos, ahora llamado de Cuelgamuros.

La construcción del Valle de los Caídos o de Cuelgamuros fue emblemática por el régimen de Franco. El mausoleo guarda los restos de combatientes sin el permiso de los familiares y fue levantado por prisioneros de guerra. La familia en el año 2008, recibió la confirmación de que los restos del difunto se encontraban allí y daban su localización exacta.

En 2024, su hija Teresa Álvarez Miret (91 años) y su nieto Josep Montmany Álvarez (64 años) han presentado una demanda judicial contra el Estado español por los crímenes de guerra con el objetivo, entre otros, de restituir los restos al cementerio familiar de Sants, en Barcelona.

“Desde 2008, han sido 14 años de negativas, de silencios y de muchas comunicaciones que no han tenido respuesta. Eso te hace sentir que se ha acabado todo. Es importante luchar por saber quiénes son nuestros abuelos, por encontrarlos. No puedo dejar a mis sucesores el trabajo de reivindicar la vida de alguien que no han conocido y no han podido tener un recuerdo.” Añade el nieto de José Álvarez López.

Un largo camino burocrático y judicial

La demanda presentada es la culminación de años de gestiones, con sus inicios con la Ley 52/2007 de Memoria Histórica publicada el 26 de diciembre de 2007, que permitió a las familias pedir información sobre los difuntos en la guerra. En el año 2008, la familia Álvarez recibió un comunicado oficial donde confirmaban que los restos de José se encontraban en el Valle de los Caídos, pero tanto la Iglesia católica española como el Patrimonio Nacional denegaron reiteradas veces la petición de trasladar los restos a la cripta familiar al Cementerio de Sants en Barcelona.

En el año 2022, la familia contactó con la Generalitat de Catalunya, quien demostró tener todos los datos que verificaban la localización del difunto. La hija, en aquel momento de 89 años, facilitó material genético, que está en la Vall d’Hebron, en previsión de futuras identificaciones.

En marzo de este año, 2024, el Ayuntamiento de Huerta de Sant Joan ha certificado que José Álvarez fue enterrado en el municipio durante 20 años hasta su exhumación y trasladado al Valle de los Caídos.

Con toda esta información, el 16 de octubre, la familia presenta una denuncia penal contra el Reino de España por los crímenes de guerra con el objetivo de recuperar los restos del familiar y, al mismo tiempo, ser un precedente de justicia histórica.

“Nos hemos encontrado con muchos comentarios diciendo que ahora no se puede asumir el coste que supondría trasladar a todas las personas que hay en el Valle de los Caídos, pero en 1959 lo pudieron hacer, saltándose la ley franquista de 1929 y sin el consentimiento familiar y no supuso el mismo gasto? Es justicia, es la obligación de reparar lo mal hecho” comenta Montmany.

Memoria histórica y reconciliación

La familia Álvarez pide el reconocimiento del impacto de una represión que aún perdura. Con la demanda se ponen en manifiesto los crímenes de guerra, para asegurar que hechos como la exhumación de tumbas no prescriban bajo la Ley de Amnistía de 1977, la cual protegió muchos crímenes de la dictadura.

“Todo esto nos ha hecho enterrar la memoria en silencio, como resultado de una dictadura. Mi madre llegó a interiorizar el silencio, ni siquiera creía posible hablar del tema o saber más” añade Josep Montmany.

La lucha por la memoria histórica es una defensa de los derechos humanos, lo que convierte esta historia en un símbolo de resistencia, reconciliación y dignidad.