sábado, 25 de enero de 2025
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Ingenieros y economistas proponen conectar las redes del Ebro, Segre, Ter-Llobregat y Costa Brava mientras que los ecologistas se oponen

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El Observatorio Intercolegial del Agua ha propuesto al Gobierno que de cara al año 2050 se puedan interconectar diversas redes de captación y distribución de agua de toda Cataluña con el fin de garantizar el acceso sostenible y equitativo al agua en todos los territorios y asegurar la competitividad económica del país.

Los cuatro colegios integrantes del Observatorio, economistas, ingenieros industriales, agrónomos y los de caminos, canales y puertos, han subrayado la necesidad de una red hídrica interconectada que responda al incremento de la demanda y a la disminución de la pluviometría. Las obras para los próximos 25 años se calculan en unos 21.000 millones de euros entre administraciones y empresas privadas.

Los expertos han situado el llamado Corredor Litoral del Agua como el primer paso clave en esta estrategia. Esta infraestructura debería permitir una respuesta ágil a emergencias hídricas y, en una segunda fase, establecer un acuerdo con el Canal de Urgell para aprovechar los excedentes derivados de su modernización, cuando sea necesario, en otras zonas del territorio.

El documento ‘Cataluña 2050, bases para la transición hídrica’ calcula que habrá que movilizar unos 21.000 millones de euros en los próximos 25 años, entre administraciones públicas y empresas privadas, para garantizar un sistema hídrico sostenible y resiliente.

En este informe, se presenta un nuevo modelo de futuro hídrico que tiene como objetivo asegurar “la satisfacción de una demanda de agua que se estima en 4.782 hectómetros cúbicos, en todos los usos, por parte de los 10 millones de habitantes previstos para 2050 en Cataluña, manteniendo los requerimientos ambientales de ríos y masas de agua”. Esta inversión no sólo permitiría adaptar el país a los efectos del cambio climático, sino que también daría respuesta al incremento previsto de la demanda hídrica en los próximos años.

El Observatorio Intercolegial del Agua propone, pues, 10 soluciones desde una perspectiva técnica, económica y social, que marcan una hoja de ruta para hacer frente al problema estructural del agua en Cataluña, y construir un nuevo modelo de gestión del agua que debería “acordarse mediante un pacto de país, con el consenso técnico, económico, social y político”.

Las propuestas del Observatorio para un uso eficiente del agua se concentran en “el esfuerzo por mantener en buenas condiciones las redes de distribución”, con una inversión total de 12.100 MEUR (484 MEUR anuales), y con la eficiencia de su gestión también en la industria y sobre todo en la agricultura.

El 72% del agua regulada en Cataluña se destina a la agricultura. El documento propone una serie de medidas para mejorar la eficiencia del uso del agua en este sector, en clave también de mejora de su competitividad y productividad. El objetivo de estas soluciones “no es solo reducir el volumen de agua utilizada sino poder producir más alimentos de forma eficiente y mejorar el actual 40% de soberanía alimentaria”, se explica en el documento.

PREOCUPACIÓN DE AGUA ES VIDA Y LA PDE

Por su parte, la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) y Agua es Vida ha mostrado su preocupación por esta propuesta de interconexión de todas las redes.

Las organizaciones recuerdan que esta propuesta ha sido rechazada históricamente por los diferentes gobiernos de la Generalitat y por la mayor parte de los grupos parlamentarios, así como el conjunto de organizaciones sociales y ambientales del país. “El acuerdo de investidura del actual gobierno de la Generalitat tiene como uno de los puntos importantes, la oposición a los trasvases, que llaman interconexión de redes”, recuerdan.

La apertura del acto de presentación de este miércoles por la tarde corrió a cargo de Concha Zorilla, directora general de Transición Hídrica de la Generalitat, en el que ha sido su primer acto institucional.

Por este motivo las dos plataformas se preguntan cuál es la postura oficial del Gobierno. “La ampliación de los trasvases del Ter, el Segre y el Ebro, no sólo es grave desde el punto de vista ambiental, ya que ponen en riesgo el estado actual de los ríos y sus ecosistemas, como son el Delta del Ebro y los Aiguamolls de l’Empordà. También tendrá un impacto socialmente negativo, ya que tiene como objetivo profundizar con el modelo de crecimiento turístico y urbanístico del litoral catalán” , denuncian.

El Observatorio aumenta hasta seis las desalinizadoras previstas, aportando al sistema un total de 360 hm3/año proveniente de la desalinización, así como 427 hm3/año provenientes de la regeneración.

A las organizaciones les sorprende el incremento “desmesurado” de estas dos fuentes, cuando el tercer plan de gestión del agua de cuencas internas (2022-2027) prevé un déficit de 190 hm3.

“Este aumento de oferta de agua, que supera con creces la demanda que el documento plantea para 2050, sólo responde a una voluntad de incrementar los consumos futuros del agua”, alertan.

Por el momento, manifiestan que “el Observatorio actúa como ‘lobby’ de las empresas constructoras y de gestión privada del agua, especialmente de Agbar, que sería la gran beneficiada, tanto por las obras como por la posterior explotación. Estas obras están sobredimensionadas y valoradas en 21.000 millones de euros. La financiación de estas obras tendrá un fuerte impacto en los recibos del agua de la ciudadanía, y al mismo tiempo supondrá una reducción de las inversiones públicas en otros ámbitos” .

Esta propuesta, para las organizaciones, agrava el desequilibrio territorial a favor del crecimiento insostenible del área metropolitana de Barcelona a costa del expolio de agua de las cuencas más empobrecidas demográfica y económicamente.

“En ningún momento se plantea una política real de gestión de la demanda, que aborde los consumos excesivos que el país tiene y la necesidad de abastecer cada cuenca con su agua”. El documento tampoco aborda el potencial de las aguas grises y pluviales, porque no genera beneficios a las empresas suministradoras.

Lamentan que la sequía se utilice como pretexto para construir infraestructuras al servicio de un determinado modelo económico, dando la espalda a la crisis climática y energética, así como a las necesidades de los diferentes territorios del país.

Finalmente, las organizaciones anuncian que en el marco de la Cumbre Social del Agua se está trabajando para tejer alianzas con todos los territorios y actores sociales con el objetivo de “reforzar una estrategia de país basada en la preservación del agua como bien común, la conservación de los ríos, acuíferos y ecosistemas, así como el equilibrio territorial. Y hacer frente, de esta manera, a una estrategia basada en el interés particular”.

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