Aragonès defiende hoy en el Senado la ley de amnistía

Aragonès vuelve al Senado seis meses después de su última intervención en la cámara alta. En aquella ocasión, el 19 de octubre de 2023, también defendió la amnistía, que entonces era una de las tres peticiones de ERC para la investidura de Pedro Sánchez. A diferencia de entonces, el presidente de la Generalitat no abandonará el Senado tras intervenir, y se quedará a escuchar las intervenciones de los presidentes del PP.

La sesión comenzará a las 10 de la mañana con la intervención del senador del PP Antonio Silván, que defenderá el contenido del informe que el PP ha aprobado en ponencia y que denuncia la inconstitucionalidad de la ley. Posteriormente, tomarán la palabra los portavoces de ERC Junts y PSOE –así como los de las otras formaciones que presenten votos particulares- y después empezará el turno de los presidentes con Pere Aragonès en primer lugar.

El presidente de la Generalitat anunció este jueves que asistiría a la cita. En una entrevista en la Ser Cataluña apuntó que su objetivo es defender la amnistía “en todas partes”. “Querían que fuera un monólogo y no será así. Como independentista y de izquierdas, trolear al PP siempre viene de gusto”, sentenciaron.

Después de Aragonès, que dispondrá de un turno de 10 minutos, hablarán los presidentes del PP, con el mismo tiempo cada uno. Finalmente serán siete, encabezados por Isabel Díaz Aysuo. También intervendrá el presidente de Murcia, Fernando López Miras; el de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; el de Aragón, Jorge Azcón; la de Extremadura, María Guardiola, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, además del presidente de Melilla, Juan José Imbroda.

Pese a que el PP pretendía convertir esta sesión en una nueva muestra de cohesión contra la amnistía, varios barones populares han excusado su asistencia aduciendo cuestiones de agenda. Entre otros el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el de Andalucía, Juanma Moreno, y la de Baleares, Marga Prohens.

Tampoco asisten los presidentes del PSOE: ni el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ni la de Navarra, María Chivite, ni el de Asturias, Adrián Barbón. El lehandakari vasco, Íñigo Urkullu, también ha declinado participar.

El gobierno español tampoco enviará ningún representante a la sesión, según ha confirmado La Moncloa. Aunque tiene potestad de intervenir en el debate en cualquier momento, La Moncloa declina asistir a un debate que considera interesado por parte del PP.

Sea cual sea el resultado del debate, el PP aprobará –con su mayoría absoluta- en la comisión un documento muy duro contra la amnistía. El documento asegura que la amnistía supondrá “un golpe mortal para nuestro Estado constitucional y autonómico”. La ley, según el PP, pretende dejar sin castigo “la vulneración más grave producida en cuatro décadas del principio de solidaridad” y “la destrucción de la unidad territorial del Estado”, y “rompe el principio de igualdad”.

Los populares sostienen que la amnistía sólo podría ser legal mediante una reforma de la Constitución. Por ello, ponen en duda que el Congreso pueda aprobar la norma, critican que los letrados de la cámara baja avalaran su tramitación y advierte de que si el Tribunal Constitucional no la detiene se creará un precedente peligroso.

Votos particulares del PSOE, ERC y Junts

PSOE, Junts y ERC han presentado votos particulares que rebaten estos argumentos. En su voto particular, ERC recuerda que la ley de amnistía “no afecta al Estado Autonómico” ni “a ninguna competencia de ninguna comunidad autónoma”, porque las leyes penales, como ésta, son competencia exclusiva del Estado.

Los republicanos también recuerdan que las amnistías se han utilizado en todo el mundo para “reducir las tensiones y crear un entorno propicio para resolver conflictos” y tienen “tradición y perfecta cabida en los marcos legales español y europeo”.

Además, según ERC, la amnistía es una “herramienta útil y necesaria en el caso del conflicto político abierto entre Cataluña y España”, porque “contribuirá a devolver al ámbito de la política lo que nunca debiera haber salido de la política”.

Los republicanos sostienen que la medida “contribuirá a la justicia al poner fin a procesos judiciales anormalmente prolongados”, y permitirá el retorno de sus derechos políticos a “activistas y a líderes hasta hoy perseguidos”.

Junts, por su parte, asegura que el informe del PP “es más un acto de manipulación partidista que una evaluación técnica de su impacto económico”.

Según Junts, la ley “se ajusta a la Constitución española, que otorga al Estado la competencia exclusiva sobre materias penales, sin afectar a las competencias autonómicas”.

En este sentido, Junts asegura que las acusaciones contra políticos y líderes sociales catalanes por parte del Tribunal Supremo “se han criticado como persecuciones políticas injustificadas”, y recuerda que organismos internacionales y tribunales europeos “han reconocido la naturaleza pacífica y democrática de las acciones por las que se persigue la amnistía”.

Según Junts, la ley “sigue las recomendaciones internacionales” y busca “un trato equitativo y la no criminalización de actos pacíficos”. Además, Junts recuerda que la Constitución “no prohíbe la concesión de amnistías” y que la jurisprudencia “valida su compatibilidad con la Constitución”.

El PSOE también ha presentado un voto particular contra el informe. Los socialistas aseguran que la amnistía es plenamente constitucional y reprochan al PP que le haya llevado a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado por intereses partidistas.

En este sentido, recuerdan que la amnistía no afecta a las competencias autonómicas, como si que lo hacían otras leyes que el PP decidió no llevar a este mismo escenario como la LOMCE o la Ley de Vivienda. Todo ello, según el PSOE, “confirma una flagrante contradicción” y muestra la “vocación partidista” de los populares.

Según el PSOE, la amnistía es “una herramienta” que “fortalece” el marco legal y “mira hacia el futuro” para “volver al debate parlamentario las divisiones que siguen tensando las costuras de la sociedad” en aras de un “interés superior: la convivencia democrática”.