Cataluña

Acuerdo inminente entre el Gobierno y los Comunes para posponer la aplicación de la nueva tasa turística

El Gobierno y el grupo de los Comunes ultiman un acuerdo sobre el aplazamiento de la tasa turística. Tal y como han explicado a la ACN fuentes negociadoras las conversaciones están muy avanzadas y el entendimiento se podría presentar en las próximas horas. El grupo que lidera Jéssica Albiach reclama que el Gobierno garantice los 60 MEUR que se dejarían de ingresar para no aplicar la tasa turística inmediatamente. Los Comunes defienden que la partida podría haber ido “mayoritariamente” para políticas de vivienda. El pleno validó la semana pasada el aumento de la tasa turística y que los ayuntamientos puedan aplicar recargos a la tarifa. Pero rechazó -gracias al voto en contra de los Comunes- que la entrada en vigor del decreto fuera en octubre, de manera que se aplicaba en mayo.

La portavoz del Gobierno, Silvia Paneque, decía el martes en rueda de prensa que confiaba en que el Parlamento convalide el decreto que aplaza la aplicación de la tasa turística “lo antes posible”. El pleno del Parlamento aprobó la semana pasada el aumento de la tasa turística, pero pidió tramitarla como proyecto de ley. En cambio, tumbó el decreto que aplazaba su puesta en marcha.

Este mismo, martes el Consejo Ejecutivo aprobaba un nuevo decreto para garantizar el aplazamiento para “dar seguridad jurídica y confianza” al sector. Paneque apeló a la “responsabilidad” de los grupos parlamentarios para convalidarlo “lo más rápido posible”, confiando en que el proyecto de ley se pueda aprobar antes de octubre.

De este modo, el Gobierno ha querido garantizar “la seguridad jurídica” al sector turístico después de que el Parlamento aprobara el decreto para modificar la tasa turística, pero tumbara lo que permitía aplazar su entrada en vigor, de manera que su vigencia se convertía en inmediata. En la reunión del Consejo Ejecutivo de este martes se aprobó un nuevo decreto para garantizar el aplazamiento y no permitir la entrada en vigor de la nueva tasa hasta que el Parlamento haya aprobado la ley que la modifica. Se prevé que la ley se valide antes de octubre.

Según Paneque, este nuevo decreto es el que da “confianza” al sector tras los días “de inseguridad jurídica”. La portavoz apelaba a la “responsabilidad” de todos los grupos parlamentarios y les ha pedido una “reflexión conjunta y compartida” para garantizar la convalidación del decreto, que espera que sea “lo antes posible”.

Paralelamente, el Gobierno está negociando la ley que regula el aumento de la tasa, que el Parlamento aprobó en el pleno en forma de decreto pero pidió tramitar como proyecto de ley para incluir el “consenso” de los grupos parlamentarios. Especialmente el de Esquerra. La intención del ejecutivo es que esta ley pueda ser aprobada antes de octubre, que es cuando está el último periodo de liquidación del año, para que entonces ya se pueda liquidar la nueva tasa a partir de ese mes y no haya que esperar al año siguiente.

Al ser preguntada sobre los plazos de tramitación de la ley y sobre la posibilidad de que se alarguen, Paneque ha dicho que octubre es “el límite temporal previsto” aunque ha admitido que el procedimiento parlamentario “ya no está estrictamente en manos del Gobierno” y ha querido evitar “manifestarse con contundencia”. En cualquier caso, ha rechazado adelantar pantallas y ha dicho que el escenario que trabaja el Gobierno es que el decreto se convalidará y la ley se aprobará antes de octubre.

Facturación y rechazo

El Parlamento validó el miércoles de la semana pasada el decreto ley del Gobierno que sirve para aumentar la tasa turística. El texto, pactado con los Comunes, prevé que el impuesto duplique -y en algunos casos triplique- el importe aprobado en 2017, que en el caso de los hoteles de cinco estrellas de Barcelona pasaría de 2,25 a 7 euros, y de los 2,25 a los 6 euros en el resto de Cataluña.

Las viviendas de uso turístico duplicarían la tasa en todo el territorio y los barcos con estancias de menos de 12 horas pasarían a pagar 6 euros por día. El decreto se tramitó como proyecto de ley, a petición de ERC.

Pero, por otra parte, el pleno rechazó el decreto sobre la entrada en vigor en octubre, de manera que la medida se aplicaba ya en mayo. Por eso el Gobierno aprobó el nuevo decreto hace dos días.

 

Adrià Torres Redacció

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