El año 2024 llegará a muchos ayuntamientos catalanes con un aumento considerable de los gastos municipales provocado por diversos motivos. Entre ellos, el incremento del IPC debido a la inflación, la subida de los precios de la energía y los combustibles, los intereses, el aumento del 3% del sueldo de los funcionarios o la entrada en vigor, de nuevo, del límite de gastos en las administraciones para reducir su nivel de deuda, una medida eliminada por la Covid-19, pero que en 2024 volverá a aplicarse.
Muchos gobiernos municipales ya están preparando una batería de medidas para aliviar la carga económica de estos factores en sus cuentas de cara al próximo año. Uno de ellos, el Ayuntamiento de Tarragona, vive una situación especialmente complicada, ya que según el alcalde, Rubén Viñuales, la ciudad necesita aumentar sus ingresos en 14 millones de euros para poder seguir ofreciendo todos los servicios a sus ciudadanos y ciudadanas.
En este sentido, el equipo de gobierno presentó una serie de medidas que ha generado mucha polémica entre la ciudadanía y la misma oposición en el pleno, y que incluían, entre otras, un aumento del 20% del IBI, la eliminación de abonos del transporte público municipal o el aumento de las tasas de las zonas azules, verdes y naranjas de aparcamiento.
Ante el rechazo, el Ayuntamiento ha presentado nuevas medidas con las que esperan conseguir el apoyo de la oposición y que no carguen la responsabilidad financiera a los vecinos y vecinas de Tarragona.
Bajar el sueldo de los políticos y asesores
El alcalde de Tarragona ha planteado la posibilidad de reducir los sueldos de los políticos y asesores del Ayuntamiento de la ciudad en un 20%. La medida de los socialistas contaría con el apoyo de Junts, que es quien habría sugerido la iniciativa, según ha explicado Jordi Sendra. Pero no habría gustado a algunos consejeros y consejeras del resto de la oposición.
Aparte de los sueldos, Viñuales también ha propuesto vender el 14% de acciones que el consistorio tiene sobre el Nàstic. Y también sugiere eliminar algunos entes públicos, como la Fundación Cultura y Conocimiento; o las dos gerencias de organismos dependientes del Ayuntamiento.
En cuanto a las zonas de pago, el equipo de gobierno mantiene las subidas de precio sobre las zonas azules, verdes y naranjas; y también proponen reducir un 20% el gasto en publicidad. Además, piden al Gobierno español que retire las exenciones fiscales que tienen los edificios religiosos de la ciudad.
